Si alguna vez tomaste un colectivo de larga distancia desde Buenos Aires, conocés la Terminal de Retiro. También conocés su estado: iluminación deficiente, instalaciones deterioradas, problemas de seguridad y una sensación general de abandono que contrasta con los millones de personas que la usan cada año. Esta semana el Gobierno Nacional firmó el Decreto 273/2026 para cambiar eso de una vez.
La Terminal de Retiro será licitada por primera vez en 33 años. Y lo más importante: sin un peso del Estado.
Qué pasó durante 33 años
En 1993 el Estado licitó la concesión de la terminal. La ganó la empresa TEBA S.A., de Néstor Otero — hoy en manos de sus herederos. El contrato vencía en 2005.
Ahí empezó el problema. En lugar de llamar a una nueva licitación, el Estado prorrogó el contrato directamente hasta 2015 — sin competencia, sin nuevas condiciones, sin inversiones exigibles. Entre 2015 y 2020 la terminal funcionó directamente con el contrato vencido. En 2020 se otorgó otra prórroga más, con compromisos de mantenimiento mínimos.
El resultado está a la vista: 33 años de concesión, décadas sin inversión real, y una terminal que atiende entre 10 y 12 millones de pasajeros por año — con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta — en condiciones que no están a la altura de esa responsabilidad.
Distintos gobiernos intentaron llamar a una nueva licitación. Ninguno lo logró. El Gobierno de Milei lo hizo.
Qué cambia ahora
El Decreto 273/2026 declara de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la terminal y convoca a licitación pública. Las obras incluyen reacondicionamiento, modernización, ampliación — incluyendo nuevas dársenas — y optimización de los servicios de operación y mantenimiento.
La nueva concesión tendrá una vigencia de 30 años. Durante ese período el concesionario asumirá la totalidad de la inversión y la operación, cobrará los ingresos de la explotación — y deberá pagar un canon mensual al Estado Nacional.
El Ministerio de Economía será la autoridad encargada del proceso: elaboración de pliegos, convocatoria y adjudicación. Mientras tanto TEBA S.A. continuará operando la terminal hasta que se adjudique la nueva concesión, para garantizar que no haya corte del servicio durante la transición.
Lo que hace distinto a este modelo
La clave de esta licitación es que el financiamiento es 100% privado. El Estado no pone un peso. No compromete recursos públicos. No toma deuda.
Caputo lo explicó en su cuenta de X: “Estamos trabajando para que se desarrollen estos proyectos sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes.”
Esto es posible — según el comunicado oficial — porque el ordenamiento macroeconómico del gobierno de Milei recuperó la previsibilidad y la confianza inversora que hacía años no existía en Argentina. Sin esa estabilidad, ninguna empresa privada hubiera querido asumir una concesión de 30 años en el país.
El Estado no solo no gasta — cobra. El nuevo concesionario pagará un canon mensual. Y se proyecta un incremento significativo en los ingresos públicos respecto a lo que venía cobrando bajo la concesión de TEBA.
Por qué importa más allá de la terminal
La Terminal de Retiro no es solo un edificio. Es el punto de conexión terrestre más importante del país: más de 300.000 servicios anuales que conectan Buenos Aires con todo el territorio nacional y con países limítrofes. Cada argentino que viaja en colectivo de larga distancia desde o hacia la Capital pasa por ahí.
Que esa infraestructura lleve 33 años sin renovación no es un problema de gestión de una terminal — es un síntoma del modelo que imperó durante décadas: el Estado concesionando sin exigir, prorrogando sin licitar, tolerando el deterioro porque cambiar requería decisión política que nadie quería asumir.
Esta vez alguien la asumió.
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