El Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para fortalecer y ampliar la Ley de Inocencia Fiscal — la norma sancionada en 2025 que estableció la presunción de inocencia del contribuyente frente al organismo recaudador. La reforma busca corregir vacíos y limitaciones que quedaron en la versión original de la ley y ampliar su alcance para proteger mejor a los ciudadanos frente a las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Qué es la Ley de Inocencia Fiscal y por qué existe
En el sistema tributario argentino tradicional, antes AFIP — hoy ARCA — sospechaba que un contribuyente había evadido impuestos, la carga de la prueba caía sobre el contribuyente: era él quien tenía que demostrar su inocencia, no el Estado quien tenía que probar su culpabilidad.
Eso es exactamente lo contrario al principio constitucional de presunción de inocencia que rige en el derecho penal donde nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. La Ley de Inocencia Fiscal sancionada en 2025 vino a trasladar ese principio al ámbito tributario: el contribuyente es inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario.
Qué cambia con el nuevo proyecto
El proyecto que el Gobierno enviará al Congreso apunta a tres objetivos principales:
Primero, ampliar el alcance de la presunción de inocencia a situaciones y procedimientos que la ley original no cubría expresamente — incluyendo inspecciones, fiscalizaciones y procedimientos administrativos previos a la instancia judicial.
Segundo, limitar las facultades discrecionales de ARCA para determinar deuda de oficio, es decir, para calcular lo que un contribuyente supuestamente debe sin contar con prueba suficiente.
Tercero, fortalecer los mecanismos de protección del contribuyente durante los procesos de fiscalización, incluyendo plazos más claros, obligaciones de notificación y recursos más accesibles para impugnar determinaciones del organismo.
Por qué importa
El vínculo entre el ciudadano y el fisco es uno de los más asimétricos que existen: ARCA tiene facultades de inspección, determinación, embargo y ejecución que ningún ciudadano puede igualar. La Ley de Inocencia Fiscal y su reforma apuntan a reequilibrar esa relación, garantizando que el Estado tenga que probar lo que afirma antes de ejecutar sus consecuencias sobre el patrimonio de las personas.
Es además un paso concreto en la agenda de reducción de la presión regulatoria y la arbitrariedad estatal que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de su gestión.
Una aclaración importante
Esta nota se basa en el comunicado oficial del Gobierno sobre el anuncio del proyecto. El texto completo de la iniciativa legislativa aún no fue presentado formalmente al Congreso ni publicado en el sistema de la Cámara de Diputados. Cuando eso ocurra, publicaremos una nota de seguimiento con el articulado completo verificado.
Creadora de este diario libre de pauta y ad honorem · Paleolibertaria · Emprendedora · CABA, Argentina.
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