El presidente Javier Milei firmó el Decreto 314/2026 que pone en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), impulsado por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial este 4 de mayo de 2026.
Qué es el Plan ARMA y por qué se necesita
Las Fuerzas Armadas argentinas llevan años con equipamiento degradado. Según el propio decreto, la estructura presupuestaria vigente absorbió la mayor parte de los recursos en gastos de personal y funcionamiento, dejando un margen mínimo para invertir en capacidades operativas reales. Esa situación — según el texto oficial — impacta no solo en la operatividad sino también en la formación y capacitación del personal militar.
A eso se suma el escenario internacional: nuevas modalidades de amenazas que incluyen ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares, además de la irrupción de la inteligencia artificial y las armas robotizadas en el ámbito militar.
Cómo funciona el nuevo esquema de financiamiento
El Plan ARMA no crea un nuevo impuesto ni modifica el presupuesto general. En cambio establece que una parte de los ingresos que el Estado ya genera por la venta, alquiler o privatización de bienes se destine directamente al Ministerio de Defensa.
El mecanismo funciona así:
Para bienes del Estado en general — inmuebles que no pertenecen a las Fuerzas Armadas — el 10% de lo recaudado por ventas, alquileres, privatizaciones o cualquier operación sobre esos activos irá al Ministerio de Defensa.
Para bienes propios de las Fuerzas Armadas — inmuebles que estaban bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa — el porcentaje sube al 70% de lo recaudado. Hasta ahora esos ingresos iban en su totalidad al Tesoro Nacional sin retorno para la jurisdicción.
Para privatizaciones — el 10% de los ingresos resultantes de las privatizaciones previstas en la Ley 27.742 se destinará también al Ministerio de Defensa.
En todos los casos los fondos deben aplicarse a programas de reequipamiento, modernización, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades operativas.
Los plazos y la cadena de mando
El decreto instruye al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a elevar al Ministerio de Defensa, dentro de los 90 días corridos, los requerimientos urgentes de reequipamiento y modernización. El Ministerio deberá entonces arbitrar los medios para darles cumplimiento con los recursos asignados.
El Estado Mayor Conjunto asesorará sobre la aptitud del equipamiento a adquirir, mientras que la decisión final sobre qué comprar recae en el Ministerio de Defensa.
Qué no cambia
El decreto aclara explícitamente que estos fondos no reemplazan al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) — creado por la Ley 27.565 como herramienta de financiamiento estructural y plurianual — sino que constituyen una fuente adicional y complementaria orientada a atender necesidades de corto plazo.

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