Hay una realidad que en Argentina se normalizó durante años: los líderes de bandas criminales podían estar presos y seguir dirigiendo sus operaciones desde adentro. El teléfono celular era el puente entre la celda y la calle. Hoy el Gobierno dio un paso concreto para cortarlo.
A través de la Resolución 336/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI en todas las unidades y establecimientos penitenciarios federales. La resolución fue firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y entró en vigencia el mismo día de su publicación.
¿Qué son el IMEI y el IMSI y por qué importa bloquearlos?
Dos siglas técnicas que vale la pena entender.
El IMEI es el número de identificación único de cada celular, como el DNI del aparato. El IMSI es el número que identifica a la tarjeta SIM — es decir, a la línea telefónica. Son dos datos distintos: uno identifica el teléfono, el otro identifica quién lo usa.
Los sistemas de detección y bloqueo que autoriza esta resolución pueden identificar cualquier celular activo dentro del perímetro de la cárcel — aunque esté escondido, aunque tenga otra SIM, aunque haya ingresado de contrabando — y anular su señal. No confiscan el teléfono: lo inutilizan.
La ventaja técnica es importante: a diferencia de los inhibidores de señal tradicionales — que bloquean todo en un radio determinado y pueden afectar a los vecinos del penal — estos sistemas son más precisos. La resolución establece explícitamente la obligación de realizar los ajustes técnicos necesarios para que el bloqueo no afecte zonas externas a los establecimientos.
Por qué esto importa
La prohibición de usar celulares en cárceles no es nueva. La Ley 24.660 de ejecución de la pena ya lo prohíbe expresamente. El problema es que la ley existía pero la tecnología para hacerla cumplir no se implementaba de manera sistemática.
El resultado fue previsible: organizaciones criminales con sus jefes detenidos continuaron operando con relativa normalidad. Coordinaban entregas, amenazaban testigos, dirigían extorsiones. La celda era la oficina.
La propia resolución lo describe sin eufemismos: “Resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas.”
Cómo se implementa
La Dirección Nacional de Tecnología de la Información del Ministerio de Seguridad será la encargada de gestionar la compra, instalación y mantenimiento de los sistemas. La resolución también aprobó un Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales que establece los criterios técnicos y operativos.
Hasta ahora, los inhibidores de señal se aplicaban principalmente en los sectores donde están alojados presos de alto perfil. La novedad es que la medida se extiende a todas las unidades del sistema federal.
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