El gobierno no tiene dinero propio.
Cuando escuchamos hablar de “la ayuda del gobierno” o “el Estado construyó tal cosa”, en realidad se habla de nuestros impuestos. No es el dinero del presidente ni el dinero del Estado — es el dinero de los ciudadanos que, con su esfuerzo diario, sostienen las cuentas públicas. En el mejor de los casos, ese dinero construye una escuela. En el peor, enriquece a los entornos de los políticos de turno.
En muchos países, ciertos territorios padecen problemas recurrentes: inundaciones, crisis económicas, inseguridad, servicios públicos colapsados. Y sin embargo, los mismos políticos que llevaron esas regiones a la decadencia siguen siendo reelegidos. La gente espera que la solución venga “de arriba”, como si existiera alguien dispuesto a bajar con casco, pico y pala para tapar pozos, construir acueductos y reparar represas. Curiosamente, a Dios se lo cuestiona más que a quienes administraron mal esos recursos durante años.
Los medios tampoco ayudan. En medio de cualquier crisis, la prioridad es encontrar un culpable — preferiblemente uno que genere indignación. No es casualidad: los medios que viven de la pauta oficial tienen incentivos para avivar el odio antes que para explicar las causas reales de los problemas.
Contrario a la creencia popular, los políticos no generan riqueza. No producen bienes ni prestan servicios productivos. Son administradores del dinero que nosotros, los ciudadanos, creamos. Y si elegimos malos administradores, no podemos sorprendernos cuando el resultado es un desastre.
Milton Friedman lo explicó mejor que nadie: nadie gasta el dinero ajeno con el mismo cuidado con que gasta el propio. Cuando el dinero es de todos, en la práctica no es de nadie — y los políticos llevan décadas aprovechándose de eso.
Es hora de dejar de ver a los políticos como líderes todopoderosos y empezar a verlos como lo que realmente son: empleados que contratamos con nuestro voto para gestionar recursos que nos pertenecen. Si fracasan en esa tarea, la respuesta correcta es despedirlos — no justificarlos ni seguir esperando milagros.
Mientras tanto, los ciudadanos quedan atrapados en ese juego. Se pelean entre ellos por defender a sus políticos, discuten sobre quién es menos corrupto, se dividen en bandos como si fuera una cuestión de identidad y no de gestión. Nadie pregunta por qué el pozo lleva tres años sin arreglar. Todos debaten a quién culpar. Y el pozo sigue ahí.
La pregunta que casi nadie se hace es la más simple: ¿y si lo arreglamos nosotros? ¿Y si los vecinos del barrio juntan plata, contratan al albañil y mandan la factura al municipio descontándola de los impuestos? No es una utopía — es la lógica básica de un ciudadano que entiende que el dinero público es suyo y que tiene derecho a exigir o a actuar cuando el administrador falla.
Insultar al político que no cumple tampoco sirve de nada. Las redes sociales están llenas de indignación y vacías de soluciones. El político insultado sigue en su cargo, sigue cobrando su sueldo y probablemente usa ese odio para victimizarse y conseguir más votos.
Lo que sí funciona es otra cosa: organizarse, construir territorio, presentar una propuesta real y concreta. No alcanza con señalar que el que está no sirve — hay que demostrar que existe una alternativa mejor, con nombre y apellido, con propuesta específica y con gente real detrás que la respalda. Eso es lo que transforma una queja en poder político genuino. La diferencia entre un ciudadano que reclama y un ciudadano que cambia las cosas no es la intensidad de su enojo — es la calidad de su organización.
El cambio comienza cuando entendemos que el poder no reside en los políticos. Reside en quienes los eligen.
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