Quién decide qué se audita en Argentina — y por qué eso importa cada vez que votás

Ayer publicamos en primicia los hallazgos -de lo que investigamos antes que nadie- de la auditoría de la AGN sobre la Facultad de Derecho de la UBA: partidas bancarias sin contabilizar por más de $130 millones, contrataciones que no aparecen en la web oficial y un presupuesto ejecutado a la mitad. Hoy queremos contarte algo que ningún medio explicó: cómo se decide qué se audita y qué no y quiénes toman esa decisión.

La AGN no decide sola

La Auditoría General de la Nación (AGN) no elige libremente qué organismos controlar. Cada año elabora un Programa de Acción Anual (llamado PAA) — la hoja de ruta que define qué se va a auditar durante ese ejercicio. Ese programa no entra en vigencia hasta que lo aprueba la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas — integrada por seis senadores y seis diputados nacionales — junto con los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras.

En otras palabras: los legisladores tienen poder de veto sobre qué se audita y qué no en la AGN. Y ese poder importa mucho más de lo que parece.

Quiénes aprobaron el PAA 2026

El Programa de Acción Anual 2026 fue aprobado el 4 de diciembre de 2025 bajo la presidencia del diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal — ex peronista, ex auditor general de la Nación (AGN)). Lo presentó Juan Manuel Olmos — presidente de la AGN desde el 12 de diciembre de 2023.

Antes de seguir conviene repasar quién es Olmos, porque los datos surgen de su propio currículum publicado en el sitio oficial de la AGN y son relevantes para entender el contexto:

En la gestión pública: Fue Jefe de Gabinete de Asesores del Presidente de la Nación (2019-2022) y Secretario de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros (2022-2023) — ambos cargos bajo la presidencia de Alberto Fernández.

En la docencia: Es profesor adjunto interino en dos cursos de la Facultad de Derecho de la UBA — la misma institución que su organismo auditó. Dicta “Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional” en el CBC y “Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el Ciclo Profesional Orientado.

En la actividad privada: Es socio del estudio jurídico “García-Olmos-Wagner & Asociados” desde 2009 hasta la actualidad — mientras ejerce la presidencia de la AGN.

En la política partidaria: Es apoderado del Partido Justicialista Nacional desde 2021 hasta la actualidad, Congresal Nacional del PJ desde 2021 hasta la actualidad y Congresal Metropolitano del PJ CABA desde 2021 hasta la actualidad. Todos estos cargos partidarios son simultáneos a su rol como máxima autoridad del principal organismo de control externo del Estado.

No hay una incompatibilidad legal explícita declarada públicamente. Pero la acumulación de roles — presidente de la AGN, docente de la facultad auditada, socio de un estudio jurídico privado y dirigente activo del partido que lo designó — es información que el lector tiene derecho a conocer para evaluar el contexto institucional en el que se producen estas auditorías.

La composición de la comisión que aprobó el PAA 2026 en diciembre de 2025 era la siguiente, verificada en fuentes oficiales del Congreso:

Presidente: Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal — ex peronista)
Vicepresidente: Mariano Recalde (peronismo — Senado)

Vocales:

  • Flavio Fama (UCR — Senado)
  • Guadalupe Tagliaferri (PRO — Senado)
  • José Mayans (peronismo — Senado)
  • Víctor Zimmerman (UCR — Senado)
  • Bruno Olivera Lucero (LLA — Senado)
  • Germán Martínez (peronismo — Diputados)
  • Julio Moreno Ovalle (LLA — Diputados)
  • Soledad Carrizo (UCR — Diputados)
  • Luana Volnovich (peronismo — Diputados)
  • Álvaro González (PRO — Diputados, secretario)

El resultado: LLA tenía 2 representantes sobre 11 integrantes. El peronismo y sus aliados directos tenían 4 votos más la vicepresidencia. La UCR 3. El PRO 2. Y la presidencia estaba en manos de un ex peronista.

El círculo que se cierra

El mecanismo funciona así: el presidente de la AGN — Olmos, dirigente activo del peronismo — propone qué auditar. La comisión lo aprueba.
Si el que propone y quienes aprueban coinciden en sus intereses políticos, el resultado ¿es control independiente o es administración del control?
¿Ahora entendés porqué la oposición está en contra de que la SIGEN u otros organismos auditen las universidades y quieren que las auditorias las haga la AGN?

Esto no es una teoría. Es la mecánica institucional que surge de los propios documentos oficiales del Congreso y del CV publicado por la propia AGN.

Qué decidieron auditar en universidades — y qué no

El PAA 2026 incluye las siguientes universidades: Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Catamarca, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de Lanús y Universidad Nacional de Quilmes.

La UBA — la universidad más grande del país, con 13 facultades, 6 establecimientos de educación secundaria, 8 centros universitarios regionales, el Centro Cultural Ricardo Rojas, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, el Cine Cosmos, 18 museos y 5 unidades asistenciales — no está en el plan general de auditorías 2026.

La Facultad de Derecho que nombramos ayer fue una excepción. En noviembre de 2024, durante una reunión de la Comisión con la AGN, el entonces presidente Pichetto cerró el encuentro con una propuesta concreta: según consta en el comunicado oficial del Senado de la Nación, reiteró a la AGN la propuesta de ‘darle prevalencia a la UBA durante el año que viene’, a las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología”. Olmos se comprometió a armar un equipo.

No sabemos si ese pedido de Pichetto respondió a una genuina preocupación por el control de los fondos públicos universitarios, a una iniciativa colectiva de la comisión de la que Pichetto fue vocero, o a algún otro cálculo político para visibilizar determinadas universidades y omitir otras convenientemente. El comunicado oficial del Senado no lo aclara y no nos corresponde especular. Lo que sí es verificable es el resultado: la auditoría de Derecho existió. Las que nadie pidió, no.

El cambio que llega tarde

El 28 de abril de 2026 — esta semana — la Comisión Mixta Revisora de Cuentas se reconstituyó con una composición completamente diferente. LLA ahora tiene 6 de 10 representantes con nombre: Atauche y Olivera Lucero por el Senado, y Benegas Lynch, Patiño Brizuela, Moreno Ovalle y Peluc por Diputados. Ezequiel Atauche (LLA) asumió la presidencia en reemplazo de Pichetto.

El problema es que el PAA 2026 ya está aprobado y en ejecución. La nueva conducción llega cuando el plan de auditorías del año ya está cerrado. Lo que Atauche y LLA puedan modificar recién impactará en el PAA 2027. Ganaron la comisión pero el partido de este año ya estaba jugado.

Lo que esto significa cuando votás

La Ley 24.156 establece con precisión cómo se integra esta comisión: seis senadores y seis diputados, elegidos simultáneamente y de igual modo que los miembros de las comisiones permanentes. No es un organismo técnico, es un organismo político. Y como tal, responde a las mayorías parlamentarias.

Cuando votás un diputado o un senador no solo elegís quién va a votar leyes en el Congreso. También elegís quién va a integrar comisiones como esta; quién va a decidir qué organismos del Estado se controlan y cuáles no, qué gastos se investigan y cuáles quedan en las sombras.

Votar legisladores que bloquean el control, votar cómplices de quienes manejan los organismos que deben ser auditados, o votar tibios que se abstienen cuando hay que tomar decisiones incómodas, tiene consecuencias concretas y verificables. No en abstracto — el presupuesto de una facultad que ejecutó la mitad de sus fondos sin que nadie preguntara por qué es un ejemplo concreto y verificable.

Las universidades nacionales son autárquicas, reciben fondos públicos pero no están obligadas a rendir cuentas con la misma transparencia que otros organismos del Estado. Quien debe auditarlas es la AGN. Quien conduce la AGN es un dirigente activo del peronismo. Quien aprueba qué audita la AGN es una comisión donde el peronismo tenía mayoría cuando se cerró el plan 2026. Y el peronismo es el mismo partido que gobernó durante años las instituciones que hoy deberían ser controladas.

El círculo es perfecto. Y perfectamente funcional para quienes están adentro.

¿Quién defiende el interés de los contribuyentes en este esquema? En teoría, el sistema de control republicano. En la práctica, nadie — salvo los propios contribuyentes cuando votan con información y responsablemente.

Cada vez que elegís un diputado o un senador sin saber a qué comisiones va a ir, qué organismos va a controlar y a quién le debe favores, estás delegando esa decisión en alguien que puede usarla en tu contra. O simplemente mirar para otro lado mientras tu plata se gasta sin explicaciones.

La auditoría de la Facultad de Derecho de la UBA existió porque alguien la pidió. Las que nadie pide no existen. Y las que no existen no encuentran nada — aunque haya mucho para encontrar.

Votar informado no es un slogan. Es la única herramienta real que tenés para que alguien te rinda cuentas.

Copy link