La polémica generada en torno a Manuel Adorni y su adhesión al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias ha dejado una conclusión evidente: en Argentina abundan más los opinólogos tributarios que los especialistas en tributación.
En cuestión de horas aparecieron periodistas, dirigentes políticos, influencers, economistas de ocasión y hasta profesionales que jamás ejercieron seriamente el derecho tributario explicando qué es legal, qué es ilegal y qué debería hacer la administración tributaria. Como suele ocurrir, la indignación fue inversamente proporcional al conocimiento técnico.
Lo más llamativo, sin embargo, no es la ignorancia tributaria. Lo verdaderamente llamativo es la hipocresía.
Muchos de los periodistas que hoy se presentan como custodios de la moral fiscal jamás se escandalizaron por la presión tributaria confiscatoria que soportaron los argentinos durante décadas. Nunca dedicaron horas de televisión a explicar cómo la inflación generaba ganancias ficticias gravadas por impuestos reales. Nunca denunciaron con la misma energía los efectos destructivos de los impuestos patrimoniales, las restricciones cambiarias, los regímenes masivos de información o el permanente avance estatal sobre la privacidad de los contribuyentes.
Durante años guardaron silencio frente a esos abusos.
Sin embargo, descubrieron repentinamente una profunda vocación por el derecho tributario cuando apareció la posibilidad de construir una operación política contra un funcionario del gobierno.
La contradicción también alcanza a ciertos profesionales y contadores que hoy pretenden dictar lecciones de pureza fiscal mientras conviven cotidianamente con prácticas que rara vez cuestionan con la misma intensidad. Relaciones laborales encubiertas, empleados facturando como monotributistas, contrataciones informales y estructuras armadas exclusivamente para sobrevivir a una presión fiscal asfixiante forman parte de una realidad que muchos conocen perfectamente.
La pregunta es inevitable: ¿por qué algunos descubren la ética tributaria únicamente cuando el involucrado pertenece al espacio político equivocado?
Desde el punto de vista técnico, la cuestión es mucho más simple de lo que intentan mostrar los titulares.
La adhesión al Régimen Simplificado constituye una opción legal prevista por la normativa vigente. No configura por sí misma una infracción tributaria, una evasión ni mucho menos un delito. Si la administración tributaria detectara inconsistencias patrimoniales, ingresos omitidos o cualquier irregularidad, conserva intactas todas sus facultades de fiscalización, determinación de oficio, aplicación de sanciones e incluso denuncia penal cuando corresponda.
Así funciona un Estado de Derecho.
Por lo tanto, la pregunta relevante nunca debería ser quién adhirió al régimen, sino si existe una conducta ilícita concreta susceptible de ser probada mediante los procedimientos legales correspondientes.
Además, el propio Adorni manifestó públicamente que durante años decidió no exteriorizar determinados activos debido a la presión tributaria existente en Argentina. Se puede compartir o no esa postura, pero resulta intelectualmente deshonesto analizar esa declaración ignorando el contexto económico e institucional en el que millones de argentinos tomaron decisiones similares.
Durante décadas el Estado argentino castigó el ahorro, penalizó la inversión, destruyó la moneda y convirtió al contribuyente en un sospechoso permanente. La informalidad, la expatriación de capitales y los mecanismos de protección patrimonial no surgieron de la nada. Fueron la consecuencia de un sistema que premió el gasto público y castigó sistemáticamente la generación de riqueza.
Lo paradójico es que muchos de los mismos periodistas que hoy se muestran horrorizados por esas declaraciones jamás cuestionaron seriamente las políticas que produjeron esos incentivos.
Pero existe una cuestión todavía más importante.
Mientras Adorni no haya robado dinero público, participado en hechos de corrupción, recibido sobornos, cometido enriquecimiento ilícito o utilizado recursos estatales para beneficio personal, la discusión debería centrarse en hechos jurídicamente relevantes y no en campañas de demonización mediática.
En una sociedad que respeta la propiedad privada, el dinero legítimamente ganado pertenece a quien lo produjo. El verdadero escándalo no debería ser que una persona tenga patrimonio, ahorros o activos. El verdadero escándalo es cuando funcionarios utilizan el aparato estatal para apropiarse del dinero de los contribuyentes.
Sin embargo, pareciera que algunos periodistas muestran más interés en investigar el patrimonio privado de determinadas personas que en investigar el destino de los recursos públicos.
Desde una perspectiva liberal y anarcocapitalista, el problema nunca fue que un contribuyente utilice una herramienta legal o intente proteger el fruto de su trabajo frente a una presión fiscal abusiva. El verdadero problema es un sistema que presume culpables a quienes generan riqueza y presume virtuoso a un aparato estatal que históricamente ha demostrado niveles alarmantes de ineficiencia, privilegios, corrupción y despilfarro.
La verdadera discusión no debería ser cuánto tiene una persona ni cómo administra legalmente su patrimonio.
La verdadera discusión debería ser por qué el contribuyente debe justificar permanentemente el origen y destino de su dinero mientras el Estado rara vez debe justificar con la misma rigurosidad qué hace con los recursos que recauda.
El caso Adorni termina revelando mucho más sobre quienes lo critican que sobre el propio funcionario.
Revela una cultura donde la técnica jurídica es reemplazada por la operación política, donde el análisis profesional es sustituido por el titular escandaloso y donde muchos periodistas descubren una repentina especialización en tributación que jamás acreditaron en ninguna universidad. La indignación selectiva nunca fue una categoría jurídica.
Si vamos a debatir cuestiones tributarias, hagámoslo con normas, principios constitucionales, jurisprudencia y argumentos técnicos.
Y si vamos a hablar de ética, exijamos la misma coherencia a todos: a los políticos, a los periodistas, a los profesionales, a los empresarios y también al propio Estado. Porque los verdaderos puristas de ocasión no son quienes utilizan herramientas previstas por la ley.
Son quienes descubren la moral tributaria únicamente cuando sirve para atacar a un adversario político.
Contadora pública y licenciada en Administración, Magíster en Tributación y discípula de Jesús Huerta de Soto. Anarcocapitalista. Profe. de impuestos 1-UBA-FCE
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