El periodista Pablo Rossi salió a cuestionar la decisión del Gobierno de suspender temporalmente las acreditaciones de los periodistas en Casa Rosada tras la denuncia de espionaje contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno. Su argumento: “Lo que tendría que hacer la Casa Militar es saber exactamente qué autorizaciones da, a quien se las da, establecer reglas claras — si no están claras — de lo que tienen que hacer los periodistas acreditados en la Casa Rosada.”
El problema con ese argumento es que las reglas estaban claras. Muy claras. Y desde hace casi un año.
La Resolución 1319/2025 — firmada por Adorni
El 21 de mayo de 2025, el Secretario de Comunicación y Medios Manuel Adorni firmó la Resolución 1319/2025 — publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo de 2025 — que aprobó los Lineamientos Generales y Específicos para la Acreditación y Función Periodística en la Casa de Gobierno. Tres anexos con todos los detalles: qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se acredita y bajo qué condiciones se revoca.
No es una norma ambigua ni una lista de buenas intenciones. Es un reglamento firmado, publicado y de cumplimiento obligatorio para cualquier periodista que quiera trabajar en la Casa de Gobierno.
Qué podían hacer los periodistas — según el documento oficial
La Resolución es clara sobre los espacios habilitados. Los periodistas acreditados podían acceder a la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” — con capacidad máxima de 25 puestos — y a la Sala de Conferencias — con capacidad máxima de 36 asistentes. El acceso estaba autorizado de lunes a viernes entre las 6:30 y las 21:00 horas.
La norma establece también que “se autoriza únicamente la circulación transitoria por las áreas comunes que sean estrictamente necesarias e indispensables, con el solo fin de trasladarse desde los puntos habilitados de ingreso y hasta los espacios habilitados para la realización de eventos o actividades periodísticas.”
Qué NO podían hacer — y está escrito textualmente
El Anexo I de la resolución es explícito en su sección de prohibiciones. Bajo el título “Prohibiciones expresas. Falta grave” dice textualmente:
“En espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar. La falta de cumplimiento a esta prohibición importará una falta grave.”
Y agrega: “Incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada.”
Filmar con lentes inteligentes sin autorización en pasillos y despachos de la Casa Rosada no es una zona gris. Es exactamente lo que la resolución prohíbe. Y lo que Geuna y Salerno hicieron — riéndose al aire mientras lo mostraban como una travesura.
Las reglas para obtener y mantener la acreditación
La resolución también establece un sistema de acreditación con criterios objetivos y verificables. Cada medio puede acreditar un máximo de dos periodistas — uno por turno — más un suplente. Deben presentar documentación, declarar su audiencia con métricas verificables y firmar una declaración jurada comprometiéndose a respetar las normas.
La declaración jurada — incluida en el Anexo III — establece explícitamente que el periodista acepta bajo juramento que “el uso indebido o desactualizado de la credencial podrá implicar su suspensión o revocación por la Autoridad de Aplicación” y que “cualquier falsedad, omisión o incumplimiento en los datos declarados podrá dar lugar a la revocación de la acreditación.”
Es decir: los periodistas que querían trabajar en Casa Rosada firmaron una declaración jurada comprometiéndose a respetar esas reglas. No es una letra chica que nadie lee. Es una firma bajo juramento.
La respuesta que los documentos dan sola
Las reglas estaban. Las firmas también. Y el video con los lentes ocultos también.
Esto no es una cuestión de libertad de expresión. Es un ejemplo más de lo deteriorado que está el periodismo argentino. De cómo se minimizan responsabilidades, se falta el respeto a las instituciones y se convierte una violación de normas firmadas bajo juramento en una travesura simpática para el rating. Un rating que si midiera la mediocridad y el deshonor les daría extremadamente alto.
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