Las regulaciones fueron construidas para los kioscos políticos: el discurso de Bertie Benegas Lynch que sacudió el debate por la Ley Hojarasca.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley Hojarasca el martes 20 de mayo de 2026, con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. El proyecto, impulsado por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, deroga cerca de 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas, inútiles o directamente perjudiciales para los ciudadanos. El texto pasa ahora al Senado para su sanción definitiva.

El primero en tomar la palabra en el debate fue el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro de La Libertad Avanza.
Lo que siguió fue un discurso que no sonó a la política de siempre.

¿Qué es la Ley Hojarasca y por qué existe?

El nombre lo dice todo. La hojarasca es lo que se acumula sin que nadie la use ni la necesite. Eso es exactamente lo que el Gobierno encontró cuando revisó la legislación argentina desde 1864 hasta hoy: una acumulación de leyes que nadie aplica, que quedaron obsoletas, que contradicen la Constitución o que directamente nunca tuvieron sentido.

El mensaje que el Ejecutivo envió al Congreso es claro al respecto: “Pareciera que ninguna actividad es posible sin un aval previo del Estado. Se instala una lógica en la que se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido.” Sin embargo, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece exactamente lo contrario: todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido.

Las normas a derogar se agrupan en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores, leyes obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo, leyes que limitan libertades individuales, leyes que generan burocracia innecesaria, leyes que refieren a organismos ya disueltos y leyes que financian organismos del sector público sin actividad real.

Los ejemplos que van a dejar sin palabras

Para entender de qué hablamos, nada mejor que ver algunas de las leyes que —increíblemente— seguían vigentes hasta ayer:

— Ley 94 (1864): Inhabilita por diez años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona. La pena de azotes está prohibida por la Constitución desde hace más de 170 años. La ley existía igual.

— Ley 448 (1870): Otorga un premio en metálico a quien descubra una mina de carbón. Fue sancionada durante la presidencia de Sarmiento. Hoy el mundo busca descarbonizar la economía. La ley existía igual.

— Ley 18.569 (1970): Implanta el uso de la microfilmación para documentos del Ejército. La microfilmación fue reemplazada por sistemas digitales hace décadas. La ley existía igual.

— Ley 21.895 (1978): Autoriza las emisiones de televisión en color. Hoy miramos video en alta definición en el celular. La ley existía igual.

— Ley 20.802 (1974): Crea un carnet de mochilero, obligatorio para quienes viajen “a dedo”. Su verdadero objetivo era habilitar a las fuerzas policiales a detener personas para “averiguación de antecedentes”. La ley existía igual.

— Ley 14.034 (1951): Impone pena de prisión para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado. En la práctica, esta ley podría aplicarse a quienes denunciaron violaciones a los derechos humanos ante organismos internacionales. La ley existía igual.

— Ley 18.312 (1969): Crea un fondo para controlar la producción de papel prensa, con el objetivo real de influir sobre los diarios y limitar la libertad de expresión. Fue sancionada por un gobierno de facto. La ley existía igual.

— Ley 23.634 (1988): Crea la Comisión Nacional de Cunicultura —cría de conejos— con representantes del Estado nacional y las provincias, financiada con fondos públicos. La ley existía igual.

— Ley 22.963 (1983): Un productor de vinos no podía poner un mapa en su etiqueta sin autorización del Instituto Geográfico Nacional. Sancionada por Reynaldo Bignone en las postrimerías de la dictadura. La ley existía igual.

— Ley 20.577 (1973): Establecía que cualquier innovación en sistemas de transmisión televisiva debía ser aprobada previamente por el Congreso. La ley existía igual.

Lo que es difícil de procesar

Frente a ese listado, el resultado de la votación merece una reflexión. La Ley Hojarasca obtuvo media sanción con 138 votos a favor, pero 96 diputados votaron en contra y 9 se abstuvieron. Es decir: en 2026, más de cien legisladores nacionales se negaron a eliminar el carnet de mochilero, el premio al descubridor de minas de carbón, la ley que autorizaba televisión en color y la norma que penalizaba denunciar violaciones a los derechos humanos ante organismos internacionales. No porque tuvieran argumentos sobre esas leyes en particular, sino simplemente por estar en contra del Gobierno que las propuso derogar.

El paradigma que cuestionó Benegas Lynch

Benegas Lynch abrió el debate con una crítica directa al rol que la mayoría de los legisladores se atribuyen a sí mismos: “El paradigma predominante, no solamente en la Cámara de Diputados sino en la de Senadores también, y la mayor parte de los cuerpos legislativos del país, creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir y por supuesto esta no se la pierde nunca para grabar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible.”

Y planteó la inversión de esa lógica: “En un país civilizado la regla son los derechos, la regla es la libertad, la regla son las autonomías individuales. Y la excepción son las normas, son las regulaciones, que justamente vienen a tapar aspectos grises y de interpretación del espíritu constitucional.”

Una distinción que importa

Hizo además una distinción que raramente se escucha en el Congreso: “El derecho es anterior a la ley. El gobierno es anterior a la ley. Los gobiernos no nos dan derechos, no nos otorgan derechos, nos reconocen derechos, que es algo muy distinto.”

Y a partir de esa base cuestionó el lenguaje político habitual: “Yo siempre insisto que esto de gobernantes y gobernados hay que sacarlo de nuestro vocabulario porque no estamos supuestos de gobernar la vida de nadie. A mi me gusta más el tema de mandatario y mandante. Es un mandato muy específico para preservar los derechos individuales e impartir justicia.”

40 años de bochorno legislativo

La parte más contundente llegó cuando Benegas Lynch describió la dinámica de producción de leyes en Argentina: “Medir la calidad legislativa con la cantidad legislativa es lo que yo he observado en estos dos años y medio y me parece francamente patético. Resulta ser una carrera para acumular proyectos en comisiones sin ningún sentido y hasta los autores no tienen el menor interés que vean la luz del recinto.”

Y agregó con ironía: “Hemos gastado en 40 años resmas, horas hombre de asesores, toners, para la nada. Cosa que bueno, no hay mal que por bien no venga, porque la verdad que el argentino de laburo que está ajeno por ahí a estos detalles, no sabe la que se salva. Porque si realmente se promulgaran todas esas leyes, sería la Argentina algo absolutamente irrespirable.”

Los kioscos políticos

Benegas Lynch fue directo al señalar el origen de muchas regulaciones: “Con una mano en el corazón los políticos tradicionales me tienen que decir si estas regulaciones o estas trabas no han sido construidas básicamente para los kioscos políticos. ¿No han sido estas barreras artificiales que crean ustedes justamente para cobrar el peaje, la política y los intereses particulares de la política?””

Y agregó: “La degradación del derecho viene cuando pensamos que una ley es justa cuando hay un número suficiente de manos levantadas de las caritas que vemos hace 2 años y medio.”

Cerró con una definición sobre el rol que debe tener la ley: “Las regulaciones, las leyes, las normas son para proteger la vida, la libertad y la propiedad. El derecho no es para cualquier cosa. El derecho no es el derecho a la felicidad.” En ese punto apuntó contra expresiones como el “derecho al futuro” que impulsa el gobernador Axel Kicillof, que calificó como más propio “de algún contenido de una novela de Orwell o eventualmente de la película de Woody Allen, Bananas“ —una sátira al comunismo y la revolución castrista que el propio Benegas Lynch recomendó ver a sus colegas durante el debate.

Este proyecto fue presentado por primera vez en 2024, perdió estado parlamentario sin ser tratado y fue enviado nuevamente al Congreso por el Ejecutivo el 26 de marzo de 2026.
Ahora pasa al Senado.

Exposición completa de Bertie: