La Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto imputó a un médico y a un enfermero radicados en la localidad de Wheelwright, en el sur de la provincia de Santa Fe, por suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina. El caso se originó como un desprendimiento de una investigación por fraude millonario al PAMI y derivó en el hallazgo de un consultorio clandestino con fentanilo y morfina de uso intrahospitalario exclusivo. Ambos quedaron en prisión preventiva por 90 días.
Cómo empezó: el fraude al PAMI
La investigación tiene su origen en la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI), cuyo titular es el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, dependiente de la Oficina de Criminalidad Económica y Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.
Los investigadores detectaron que un médico que se desempeña en la localidad de Acebal afirmó haber atendido a más de 5.000 afiliados del PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025 — incluyendo consultas iniciales, electrocardiogramas y estudios Holter. Lo llamativo: la mayor parte de los afiliados residen en otras provincias.
La investigación se inició luego de que un grupo de afiliados desconociera las consultas y prácticas que figuraban como realizadas por ese médico en el sistema de la obra social. El total de la defraudación ronda los $700 millones, de los cuales $580 millones fueron efectivamente abonados por el PAMI al profesional.
Los allanamientos y el consultorio clandestino
El jueves 11 de junio de 2026 se realizaron al menos cinco allanamientos en las localidades de Acebal y Wheelwright, en domicilios vinculados a los consultorios médicos donde atendía el profesional y en su domicilio particular. Las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Carlos Vera Barros a solicitud de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, con intervención de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal Argentina.
En el domicilio particular donde residen ambos imputados — donde se sospechaba que funcionaría un consultorio clandestino — se hallaron:
— 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, ambos estupefacientes de uso intrahospitalario exclusivo.
— Bisturíes, jeringas y medicamentos en ampollas: diclofenac, ketorolac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina y penicilina.
— Un descartador hospitalario, frascos de penicilina, ampollas de vacuna para dengue y antigripales.
— Un tensiómetro, un desfibrilador, pinzas para electrocardiograma y estetoscopios.
— Blocks con carátulas de electrocardiograma, agendas, cuadernos y carpetas con anotaciones, talonarios de recetas y de estudios de laboratorio.
— Un posnet, tarjetas de crédito, dinero en efectivo en dólares y reales, pasaportes a nombre de los imputados.
— Dos notebooks, una computadora de escritorio y un teléfono celular.
Los fiscales señalaron que ni el lugar ni los imputados tenían autorización para adquirir fentanilo ni morfina, y que esos estupefacientes — en las modalidades de citrato y clorhidrato — son de uso intrahospitalario exclusivo. Tampoco contaban con las condiciones edilicias, sanitarias ni de salud necesarias para el ejercicio de la medicina, ni con habilitación alguna.
La audiencia y las imputaciones
En una audiencia oral y pública celebrada en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez de garantías Aurelio Cuello Murúa, el fiscal Federico Reynares Solari — titular de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto —, la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi, la auxiliar fiscal Rocío Estrada y el fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NEA, Martín Uriona, formalizaron la investigación.
Al médico se lo considera autor del delito de suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica y con destino ilegítimo, conforme el artículo 9 de la Ley 23.737. Al enfermero se lo considera partícipe necesario del mismo delito. Ambos fueron considerados coautores del delito de ejercicio ilegal de la profesión, previsto en el artículo 208 inciso 1 del Código Penal de la Nación.
El juez Cuello Murúa dio por formalizada la investigación y ordenó la prisión preventiva por 90 días.
Qué sigue
El fiscal Reynares Solari fue explícito sobre el alcance de la investigación: “Lo que hemos encontrado es un punto de partida. Pero todo nos autoriza a presumir con fundadas razones de que quizás en algún momento tengamos que venir a realizar otra audiencia para agregar otra tipicidad prevista y penada en la ley 23.737. Nuestra teoría del caso indica que finalmente vamos a obtener certeza de que la morfina y el fentanilo fueron obtenidos en abuso de posiciones para las cuales el Estado había depositado en estas dos personas una confianza particular.”
La fiscalía solicitó información al Ministerio de Salud de la Nación y a las empresas farmacéuticas responsables de la producción de las ampollas para determinar la trazabilidad del fentanilo y la morfina — es decir, de dónde vinieron y cómo llegaron a ese domicilio.
Por qué importa
El fentanilo es un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Es de uso estrictamente hospitalario en Argentina y su desvío del circuito legal es un delito grave. El hallazgo de 243 ampollas ya utilizadas en un domicilio particular — sin autorización y sin habilitación — es una señal de que estuvo siendo usado de forma sostenida fuera del sistema de salud.
El caso además muestra cómo funciona el sistema de control cuando opera correctamente: fue la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito del INSSJP — la UFI-PAMI — la que detectó las irregularidades en la facturación, cruzó los datos con los afiliados reales y tiró del hilo hasta llegar al consultorio clandestino y los estupefacientes. Sin esa auditoría, el fraude habría seguido.
Creadora de este diario libre de pauta y ad honorem · Paleolibertaria · Emprendedora · CABA, Argentina.
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