La reforma tributaria que Argentina merece: pagar menos, recibir más y acabar con el festival de impuestos

En Argentina, el contribuyente paga una cantidad de tributos que rivaliza con la de cualquier país europeo desarrollado, pero recibe servicios públicos que están muy lejos de ese estándar. En otras palabras, “los argentinos pagan mucho y reciben poco a cambio”. La presión tributaria es una de las más altas del mundo: la informalidad alcanza entre el 40 y el 50 % de la economía y los impuestos distorsivos (como Ingresos Brutos o el Impuesto a los Débitos y Créditos) castigan al sector productivo y al empleo formal.

El problema de fondo no es solo la cantidad de impuestos (150 entre nacionales, provinciales y municipales), sino la calidad institucional: clientelismo, subsidios mal focalizados, burocracia ineficiente y un Estado que malgasta. El resultado es un sistema que lleva a la informalidad y castiga a quien cumple.

Un laberinto de 150 tributos

La lista es abrumadora: desde el Impuesto a las Ganancias (personas y sociedades) hasta tasas municipales como la “tasa al metegol” de Miramar. Muchos de ellos recaudan migajas pero generan costos administrativos enormes y distorsiones económicas. La solución es clara: bajar y eliminar impuestos y dejar los necesarios. Por ejemplo:

1. Nacionales:
   1. Impuesto a las Ganancias de las Personas (progresivo en solo 3 escalas para que sea lo más similar a todos, con un máximo del 15 %, con piso alto ajustado trimestralmente por IPC).
   2. Impuesto a las Ganancias de las Sociedades (tasa única del 20 %, deducción sencilla de gastos y diferimiento por reinversión).
   3. Aportes a la Seguridad Social (solo para cubrir obligaciones reales, no para financiar gasto corriente).
   4. Impuesto al IVA (con una tasa máxima del 15 %, general y sin excepciones).

2. Provinciales: podría usar solo el impuesto a las Ganancias de las Personas.

3. Municipales: solo tasas por servicios reales (limpieza e higiene, alumbrado público, pavimentos y veredas, conservación vial, infraestructura sanitaria y cloacal, salud básica, control de animales, etc.). Todo lo demás se elimina. Muchos servicios pueden reemplazarse mediante concesiones a privados (con el debido control, por supuesto).

La coparticipación es el nudo gordiano

La coparticipación federal de impuestos adquirió rango constitucional en la reforma de 1994, aunque sigue rigiéndose por la ley transitoria 23.548 de 1988. Las provincias y CABA recaudan y envían recursos a la Nación, que luego los redistribuye. El resultado de esta “gran idea” es que las provincias más productivas terminan subsidiando a las deficitarias, que reciben grandes sumas pero mantienen altos niveles de empleo público, populismo y pobreza estructural.

La solución ideal sería eliminarla, pero como es constitucional, la vía más realista es una reconfiguración profunda del sistema fiscal que reduzca al mínimo los impuestos y transferencias automáticas. (Dios prohíba que un gobernador recorte gastos). Por ejemplo, dividir la recaudación de las Ganancias de las Personas: 85 % queda para la provincia recaudadora, 10 % para Nación y 5 % para un fondo de convergencia entre provincias (Dios prohíba que las provincias sean autosuficientes). Esto otorgaría mayor autonomía y obligaría a cada gobernador a rendir cuentas directamente ante sus contribuyentes.

La idea de convertir el Impuesto a las Ganancias (o IVA) provincial con un máximo nacional generaría competencia sana entre provincias. Aquellas que cobren menos IVA y tengan menor presión atraerían inversión y población, obligando a las demás a mejorar.

La salida: menos Estado, más mercado y concesiones privadas

Por supuesto, con la baja de impuestos, sería necesario bajar el gasto. Aunque a menor presión fiscal, mayor recaudación, también se debe gastar menos. Esto se puede lograr con privatizaciones o concesión de empresas públicas, eliminación de ministerios, secretarías y programas innecesarios (como los Ministerios de la Mujer, las agencias contra el “cambio climático” y los subsidios al cine, eventos y producciones que el Estado no debe financiar) y terciarización de ciertos servicios (como el mantenimiento de calles y rutas a empresas constructoras, la recolección de basura, etc.).

La clave está en financiar la demanda, no la oferta. Por ejemplo, un municipio solo concesiona o privatiza y luego supervisa a la empresa.

Ejemplo real: Sandy Springs, la ciudad que concesionó casi todo

Un ejemplo es Sandy Springs, en Georgia (EE.UU.). En 2005, la ciudad externalizó casi todos los servicios no esenciales (recolección de basura, mantenimiento de calles, parques, alumbrado, permisos de construcción, finanzas, IT, etc.) mediante contratos de Asociación Público-Privada. Mantuvo solo un pequeño equipo de empleados públicos para supervisar el cumplimiento de los contratos. Logró ahorros millonarios y servicios notablemente más eficientes.

La clave es financiar la demanda, no la oferta: el Estado deja de ser operador ineficiente y pasa a ser un comprador inteligente de servicios.

¿Cómo lograr la transparencia necesaria en las concesiones?

Aquí está el talón de Aquiles argentino: la corrupción. Para que las concesiones no se conviertan en otro festival de prebendas, se necesita un sistema exhaustivo, transparente y tecnológicamente blindado. Una propuesta concreta y viable sería:

1. Plataforma digital obligatoria donde se publiquen en tiempo real todos los contratos, presupuestos, facturas y pagos.
2. Trazabilidad donde cada pago y concesión queda registrado sin posibilidad de editar ni borrar mediante blockchain u otra tecnología similar.
3. Veedores que rotan cada 6 meses encargados de controlar las concesiones.
4. Auditorías anuales con publicación obligatoria del informe completo.
5. Declaración de beneficiarios finales de las empresas concesionarias, es decir, los dueños, accionistas y beneficiarios finales.
6. Veeduría ciudadana donde cualquier ciudadano puede acceder a los datos y reportar anónimamente irregularidades y sea recompensado si se comprueba corrupción.
7. Sanciones drásticas: por ejemplo, inhabilitación de por vida para empresas (para hacer contratos con el Estado) y funcionarios involucrados en corrupción, más penas penales agravadas y devolución de lo malversado.

Con estas reglas, la ejecución deja de ser “imposible en Argentina”. Tal vez, entendamos esto y lo logremos.

La reforma no es mágica, pero es posible. Requiere voluntad política, presión ciudadana y un cambio cultural: dejar de inventar kioscos y empezar a construir un país serio. Los fundadores de la Argentina y los que continuaron su labor lo hicieron posible. La pregunta es si esta generación está dispuesta a hacer lo mismo.

La responsabilidad de los argentinos

No existe aún una reforma tributaria ambiciosa y estructural sobre la mesa. La razón principal es política: los dirigentes no quieren perder sus curros, kioscos y poder de gasto discrecional. Los políticos no quieren bajar impuestos porque si bajan los impuestos, se elimina el beneficio de entrar a la política. Y piensen, ¿ven algún político capaz de trabajar? Lo más seguro es que no. Por lo tanto, recae en nosotros en forzarlos.

Argentinos: basta de repetir que “todos los políticos son iguales” si, cuando aparece alguien dispuesto a romper el statu quo, no lo apoyamos. Si realmente queremos menos impuestos, menos barreras al crecimiento y más trabajo formal, este es el momento de exigirlo.

A los políticos: cuanto menos ahoguen a la gente con regulaciones e impuestos, más recaudarán a largo plazo y más respaldo popular tendrán. Deberían elegir: ¿prefieren el apoyo de la ciudadanía (y ganar votos de ambos lados) o seguir protegiendo ñoquis y corporaciones privilegiadas?

Argentina tiene delante una oportunidad histórica. La pregunta es si esta generación de argentinos estará a la altura de exigirla y si sus dirigentes tendrán el coraje de llevarla adelante.

El momento es ahora.