El “Instituto Nacional de Trabas Industriales” se modifica: Milei eliminó casi un millar de servicios que le costaban al contribuyente

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución 42/2026, firmada por Miguel Ángel Romero, Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano, que dispone la cesación inmediata de casi un millar de servicios que prestaba el organismo. Los contratos y órdenes de trabajo vigentes se cumplirán hasta su vencimiento — la medida no genera costo presupuestario adicional.

Pero antes de entrar en el por qué de la decisión, si te preguntás ¿qué es el INTI y qué hacía? te cuento brevemente.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es un organismo público creado en 1957 que durante décadas cumplió un rol importante: mantener los patrones nacionales de medida — el kilogramo oficial, el metro, el segundo — y garantizar que los instrumentos de medición del país sean precisos y trazables internacionalmente.
En términos simples: el INTI era quien certificaba que la balanza del supermercado no te robaba, que el alcoholímetro de la ruta medía bien, que el termómetro del laboratorio era confiable. Digamos que eso tiene “sentido” como función estatal — es metrología pública, es garantía de equidad en el comercio.

El problema es que con el tiempo — durante gobiernos anteriores — el INTI fue agregando servicios que no tenían nada que ver con esa función central. Empezó a testear durabilidad de alfombras, a calibrar instrumentos industriales de empresas privadas, a verificar surtidores de combustible para las petroleras. Servicios que cualquier laboratorio privado podría hacer — y en muchos países hace — pero que en Argentina los hacía el Estado, subsidiados con plata de todos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó la decisión en su cuenta oficial de X con un argumento que vale la pena leer con atención, porque desmonta una idea instalada: que el Estado prestando servicios baratos es bueno para la industria.

El problema no era el precio. Era quién pagaba.

El INTI ofrecía estos servicios a precios muy bajos. Eso suena bien hasta que se entiende quién financiaba la diferencia: el contribuyente. En otras palabras, el Estado tomaba plata de todos los argentinos para subsidiar servicios a empresas privadas concretas. No había épica industrial detrás de eso — era simplemente eso: una transferencia de recursos públicos al sector privado, sin que nadie lo votara ni lo discutiera.

El ejemplo más ilustrativo que dio Sturzenegger es el de las petroleras. Aproximadamente un 12% de la planta del INTI se dedicaba a verificar que los surtidores de combustible de YPF, Shell, Axion y otras compañías despacharan correctamente. El servicio consistía en ir con un receptáculo, cargarlo en el surtidor y contrastar con lo que marcaba. Las grandes petroleras estaban legalmente obligadas a hacer esa verificación — pero se la hacía el Estado, gratis para ellas, con fondos de todos.

La trampa de la dependencia

Pero el problema era aún más profundo que el subsidio en sí. Como el INTI ofrecía esos servicios a precio subsidiado, era imposible que el sector privado desarrollara las mismas capacidades. Nadie invierte en armar una empresa de calibración o de ensayos industriales si va a competir contra el Estado con tarifa subsidiada. El resultado era que el cliente quedaba atrapado en el INTI sin alternativa privada disponible.

Y esa dependencia tenía consecuencias concretas: demoras que las empresas no podían resolver por sus propios medios, y según lo que varios empresarios le trasladaron a Sturzenegger, requerimientos para “mover el expediente” — el eufemismo conocido para describir lo que ocurre cuando alguien tiene el monopolio de un trámite obligatorio.

Lo que cambia

La resolución establece que la cesación es inmediata desde su publicación, pero garantiza el cumplimiento de todos los contratos y órdenes de trabajo vigentes. Instruye además a la Dirección Operativa a elaborar un plan de transición que contemple el resguardo documental, la comunicación a los usuarios y la identificación de capacidades críticas que deban mantenerse en el organismo.

El INTI no desaparece. Lo que desaparece es su rol de proveedor subsidiado de servicios que el mercado privado puede dar — y que ahora podrá desarrollar sin competir contra el propio Estado.

Como señaló Sturzenegger, el día que le explicaron a un empresario entrerriano que podría certificar su producto de manera privada, se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso no habla bien del INTI. Habla mal de cuánto tiempo estuvo atrapado sin saberlo.