El Senado debate hoy la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: desalojos exprés, tierras para extranjeros y fin a la Ley de Manejo del Fuego

El Senado de la Nación retomó este miércoles 15 de abril de 2026, a las 15 horas en el Salón Azul del Palacio Legislativo, el debate en comisiones del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El plenario reunió a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas respectivamente por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, con la participación de más de veinte expositores invitados por distintos bloques.

El proyecto fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo el 26 de marzo bajo el número de expediente PE-13/2026, mensaje N° 22/26. Lo firmaron el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros del gabinete. El debate comenzó el martes 7 de abril con la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se extendió más de cuatro horas y pasó a cuarto intermedio. La sesión de hoy retomó ese debate con invitados propuestos principalmente por la oposición peronista, entre ellos el constitucionalista Daniel Sabsay y el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz.

El presidente de la comisión, Agustín Coto, confirmó que no habrá dictamen esta semana: la intención es emitirlo la semana próxima y llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.

Qué reforma el proyecto y por qué el Gobierno lo impulsa

La iniciativa modifica simultáneamente seis marcos legales distintos. Para el Gobierno, cada uno de esos cambios responde a una lógica central: el Estado argentino ha violado históricamente el derecho de propiedad y esa violación sistemática tiene un costo económico concreto en forma de inversiones que no llegaron, alquileres que subieron y tierras que quedaron improductivas.

El ministro Sturzenegger sintetizó esa postura ante el Senado encuadrando el proyecto en los dos pilares de la gestión: el equilibrio fiscal y la libertad económica. Explicó que una situación fiscal débil favorece la vulnerabilidad de los derechos de propiedad, y que el país nunca logró poner sobre la mesa el respeto efectivo de esos derechos, lo que habría frenado durante décadas proyectos de inversión de gran escala. El vocero presidencial Manuel Adorni, por su parte, vinculó el proyecto con el problema habitacional: la amenaza de que alguien se quede con la propiedad encarece los alquileres en todo el país, porque los propietarios incorporan ese riesgo jurídico al precio.

Los cinco ejes del proyecto son los siguientes.

El primero es la reforma del régimen de desalojos. El proyecto introduce un proceso sumarísimo para la restitución de inmuebles, tanto en casos de falta de pago de alquileres como de ocupación o intrusión. Incorpora domicilio electrónico para las notificaciones y refuerza las facultades del juez para identificar ocupantes. El argumento oficial es que la demora actual en recuperar un inmueble ante una ocupación ilegítima equivale, en los hechos, a una privación del derecho de propiedad sin indemnización, incompatible con la Constitución Nacional.

El segundo es la modificación del régimen de expropiaciones. Se establece un procedimiento sumarísimo para la restitución de inmuebles expropiados, limitando los casos en que el Estado puede invocar la utilidad pública para quedarse con una propiedad privada. Es el punto que el propio Milei destacó en cadena nacional cuando habló de la causa YPF.

El tercero — y el más polémico — es la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. La Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, limitaba al 15% la proporción del territorio rural que podía estar en manos de propietarios extranjeros. El proyecto de Milei elimina ese tope para el sector privado y mantiene las restricciones únicamente cuando estén involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. Sturzenegger calificó la ley vigente de “flagrantemente inconstitucional” y argumentó que desalienta la producción y el desarrollo incluso en extensiones reducidas. El Gobierno señala que esta reforma es clave para atraer inversiones en minería, energía y agro.

El cuarto es la reforma de la Ley de Barrios Populares (Ley 27.453). El Ejecutivo plantea descentralizar el programa de regularización dominial hacia provincias y municipios. El argumento: la ley nacional lleva más de siete años vigente y apenas logró regularizar el 0,08% del suelo de los barrios populares a los que apunta. El Gobierno considera que eso demuestra una ineficacia estructural del Estado central para resolver el problema.

El quinto es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815, impulsada en 2020 por Máximo Kirchner). La ley vigente prohibía vender o cambiar el destino de tierras afectadas por incendios por plazos de hasta 60 años en zonas boscosas y 30 años en zonas agrícolas. El proyecto limita esa restricción exclusivamente a bosques nativos clasificados como tales, liberando el resto de las tierras quemadas para su venta, división o reconversión. El Ejecutivo argumenta que mantener esa prohibición por plazos tan extensos es desproporcionado y afecta el derecho de uso de los propietarios sobre sus propias tierras.

El sexto punto, menos mencionado en el debate público, es la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, con incorporación de firma digital y una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para gestionar trámites registrales desde cualquier punto del país de forma remota.

Las voces que cuestionan el proyecto

Las resistencias no vienen sólo del kirchnerismo. El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, expuso la semana pasada ante las comisiones con reparos sobre el impacto social de los cambios en el régimen de barrios populares. Distintas organizaciones sociales y ONG advirtieron que los cambios en el régimen de regularización dominial y la modificación del mecanismo de desalojos podrían afectar la situación jurídica de millones de personas que viven en asentamientos informales.

Dentro del propio arco aliado — PRO y sectores de la UCR — hay senadores que expresaron dudas, especialmente respecto a la apertura a extranjeros para comprar tierras rurales y los cambios en el régimen de incendios. Esas mismas fuerzas fueron quienes impulsaron en 2017 la Ley de Barrios Populares que hoy el Gobierno busca reformar, lo que genera una tensión política interna que el oficialismo deberá resolver antes del dictamen.

El número político

Para lograr la media sanción en el Senado, La Libertad Avanza necesita el apoyo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El kirchnerismo viene con oposición cerrada. Esos acuerdos se negociarán en los próximos días, en paralelo con posibles modificaciones al texto.

El proyecto avanza. La próxima semana se sabrá si el Congreso acompaña una de las reformas más importantes que ha enviado el Ejecutivo en lo que va del año.