La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás formalizó la imputación del presidente, el director médico y un médico de la Clínica Centro SA de Pergamino por defraudar al Estado Nacional a través de la facturación de 191 órdenes médicas de consultas y prácticas a 28 afiliados del PAMI que nunca recibieron atención.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello ante el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo, quien formalizó la investigación penal y ordenó una caución real de $10 millones para cada imputado y la prohibición de salir del país por 90 días.
Cómo funcionaba el fraude
Los directivos de la clínica utilizaron datos de afiliados del PAMI — número de DNI y de trámite — para facturar prestaciones que nunca se realizaron. Los médicos emitían órdenes médicas electrónicas (OMES) a nombre de pacientes que no se habían atendido, no tenían las patologías indicadas y nunca habían pisado la clínica. Luego esas órdenes eran transmitidas al sistema informático oficial del PAMI para el cobro.
El fraude fue detectado gracias al correo electrónico de una afiliada que en marzo de 2025 advirtió que en su historial de la app del PAMI figuraban estudios que nunca se había realizado — ordenados supuestamente por su médico de cabecera.
El dato que delató al médico imputado
El análisis de las órdenes médicas reveló un detalle que resultó clave: el médico imputado emitía OMES con un promedio de entre 4 y 8 segundos por paciente — cuando una atención médica real demanda entre 10 y 20 minutos. Solo entre junio y agosto de 2024 confeccionó 87 órdenes a 14 afiliados.
Las prácticas facturadas incluían electrocardiogramas, radiografías de tórax y radiografías de abdomen — todas bajo el diagnóstico genérico de “control general de salud de rutina”.
El perjuicio económico
El fraude detectado entre abril y diciembre de 2024 causó un perjuicio al PAMI de al menos $1.644.662 — que actualizado a noviembre de 2025 ascendió a $3.242.369. La investigación permanece activa y podría abarcar un período mayor y otros profesionales involucrados.
Cómo se confirmó que las prestaciones no existieron
La fiscalía realizó llamados telefónicos a los afiliados que figuraban con órdenes emitidas por la clínica. Además se realizó un allanamiento con la Policía Federal donde no se hallaron historias clínicas — exigidas tanto por el PAMI como por la ley. Muchos pacientes indicaron que directamente no asistían a ese centro por la mala atención y preferían el hospital público.
Una auditoría previa del PAMI — realizada el 26 de agosto de 2024 — ya había detectado que la clínica no cumplía con la documentación formal, carecía de personal suficiente y no contaba con los recursos ni el equipamiento necesarios para brindar las prestaciones contratadas.
Creadora de este diario libre de pauta y ad honorem · Paleolibertaria · Emprendedora · CABA, Argentina.
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