El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dispuso como medida preventiva la suspensión de la operatoria y la apertura de sumario a la Cooperativa de Trabajo La Azurduy Ltda. — matrícula N° 57.784, CUIT 30-71699290-6, con domicilio legal en Lamadrid 197, Boulogne Sur Mer, San Isidro, Buenos Aires.
La medida fue dispuesta por Resolución, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Las irregularidades detectadas
Según el comunicado oficial del Ministerio, la fiscalización de la cooperativa reveló una estructura montada para el desvío de fondos públicos y la elusión de controles. Los hallazgos son los siguientes:
Conflictos de interés y vínculos familiares. De acuerdo al comunicado oficial, funcionarios del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) comparten domicilios fiscales con directivos de la cooperativa y sus familiares. Esa red de parentesco se repite en otras entidades vinculadas.
Conexión con organizaciones políticas. Según el Ministerio, la cooperativa funciona bajo el control operativo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Comparten sedes físicas, autoridades y correos electrónicos.
Facturación cruzada. De acuerdo al comunicado, integrantes de la comisión directiva facturan servicios a la propia cooperativa a través de otras entidades que ellos mismos presiden.
Proveedores fantasma. El Ministerio señala que personas ajenas a la cooperativa facturan materiales y fletes a través de proveedores sin locales, depósitos ni vehículos registrados. Una de las empresas proveedoras figura en la base de emisores de facturas apócrifas.
Documentación faltante. Según el comunicado oficial, no se pudo acceder a la documentación que acredite la adquisición de dos inmuebles donde funcionaban la cooperativa y un merendero, lo que impidió determinar el origen de los fondos utilizados.
Quiénes están señalados
De acuerdo al comunicado del Ministerio, entre los principales señalados figuran Ramona Fernanda Miño — ex presidenta del FISU — su cónyuge Juan Carlos Molina y un grupo de cinco asociados de apellido Molina con el mismo domicilio fiscal. También Sergio Oseira — ex presidente y actual síndico — y el tesorero José Antonio Ruíz Díaz, ambos vinculados al MTE/UTEP. Y Pablo Nicolás Ávalos — ajeno a la cooperativa y secretario administrativo del bloque Ciudadanos Unidos/UCR en la Legislatura porteña — quien junto a sus socios y familiares controlaba dos sociedades que le facturaban materiales a La Azurduy.
Las cooperativas proveedoras Athenea Construcciones y San José Obrero de Zelaya también quedaron bajo sumario y suspensión preventiva por obstrucción a la fiscalización. La empresa Maiza del Pilar SRL fue incluida como presunto emisor de facturas apócrifas.
La respuesta del MTE
El Movimiento de Trabajadores Excluidos calificó la suspensión como “una burda cortina de humo” y negó las irregularidades. Sostienen que las obras realizadas fueron auditadas y certificadas, y que si hoy están paralizadas es por decisión política del Gobierno nacional.
⚠️ Aclaración editorial: Las irregularidades descriptas son las que el Gobierno identificó en el marco de un sumario administrativo. El proceso está en curso — no hay condena ni resolución definitiva.
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