La Auditoría General de la Nación (AGN AGN AGN) publicó su informe de auditoría sobre la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires correspondiente al ejercicio 2024. El documento — Actuación 503/2024, de 181 páginas — revela una serie de irregularidades en la gestión financiera y administrativa de una de las facultades más grandes del país, que forma a más de 27.000 estudiantes y representa el 5,06% del presupuesto total de la UBA.
Lo que sigue surge exclusivamente del informe oficial de la AGN, disponible en su pagina oficial.
Partidas bancarias sin contabilizar por más de $130 millones
Uno de los hallazgos más llamativos del control financiero son las partidas conciliatorias de antigua data — es decir, movimientos bancarios que ocurrieron pero que no fueron registrados en la contabilidad de la Facultad.
En el Banco Ciudad — cuenta especial en dólares — la AGN encontró débitos sin contabilizar al 31 de diciembre de 2024 por un total de $14.381.640. Incluyen once transferencias MEP realizadas entre febrero y noviembre de 2024. Al momento del informe, el 55% de ese monto — unos $7.879.203 — seguía sin regularizarse.
Más grave es la situación en el Banco Santander. Los auditores detectaron débitos sin contabilizar al 31 de enero de 2025 por un total de $116.586.092. Entre los movimientos más llamativos figuran:
— Catorce operaciones bajo el concepto “TARJETA RECARGABLE” que van desde $495.594 hasta $72.100.688 en un solo movimiento — este último realizado el 17 de diciembre de 2024. — Pagos a proveedores identificados solo por código sin documentación de respaldo visible en el informe. — Pagos de haberes realizados entre el 2 y el 13 de diciembre de 2024 que tampoco habían sido contabilizados.
Adicionalmente, la misma cuenta del Santander tenía créditos sin contabilizar por montos significativos: $235.890.386 correspondientes a VISA de septiembre, $201.276.217 de VISA de octubre y $53.942.071 de Mastercard de octubre — todos sin registrar al momento de la auditoría.
La recomendación de la AGN fue clara: “Reforzar los mecanismos de control interno a los fines de evitar partidas conciliatorias de antigua data.”
Un presupuesto ejecutado a la mitad
La Facultad de Derecho ejecutó solo el 52% de su presupuesto en 2024 — y apenas el 36% en 2023. Esto significa que recibió fondos del Estado que no utilizó.
Según el informe oficial, el crédito vigente nominal aumentó un 83% entre 2023 y 2024, pero al ajustarlo por inflación cayó un 43%. El crédito devengado creció un 165% en términos nominales pero cayó un 17% en términos reales.
La subejecución persistió en casi todas las fuentes de financiamiento y en casi todos los incisos del gasto. La única excepción fue la Fuente 11 — Tesoro Nacional — que en 2024 se ejecutó al 100%, lo que según la AGN indica “la necesidad de reforzar partidas con origen en el Tesoro ante la nueva situación de gastos operativos y las restricciones en los ingresos.”
Solo 3 contrataciones publicadas — pero hubo muchas más
La página web de la Facultad de Derecho publicó apenas tres contrataciones correspondientes al año 2024. Sin embargo la AGN verificó — mediante pedidos de información — que las compras y contrataciones reales superan ampliamente ese número.
Las tres que sí figuran en la web son: un servicio de catering para el Programa de Actualización en Ciencias Jurídicas destinado al doctorado para graduados brasileños, la adquisición de material bibliográfico y un servicio de transporte de caudales.
Según el informe, “las compras y contrataciones del año 2024 superan en cantidad a las publicadas por la Facultad.” La AGN señaló que tampoco es posible distinguir en la información publicada cuáles son contrataciones directas y cuáles licitaciones públicas.
Sin planificación estratégica — el presupuesto como sustituto
La AGN verificó que “la Facultad no posee una planificación estratégica formalizada, con objetivos, metas, indicadores ni evaluación de resultados.” En su lugar, el presupuesto anual actúa como sustituto de la planificación — funcionando como una simple planificación de gastos.
La estructura programática del presupuesto replica la estructura administrativa de la Facultad — no una lógica de resultados o metas. En consecuencia, según el informe oficial, “la ejecución presupuestaria equivale al cumplimiento de metas” — es decir, gastar equivale a gestionar.
Reorganización administrativa sin expediente formal
En 2024 la Facultad aprobó una nueva estructura organizativa mediante la Resolución (D) 5012/24. El problema, según la AGN, es que “el cambio de estructura organizacional aprobado y sus modificaciones posteriores, no tramitaron bajo un expediente administrativo.”
Cuando la AGN pidió constancias documentales del proceso — análisis de objetivos, perfiles disponibles, indicadores de gestión — la respuesta del propio auditor interno de la Facultad fue que las reuniones y entrevistas realizadas “no ameritaban ser registradas.”
La AGN concluyó que “predominó un enfoque práctico y operativo sin respaldo documental, basado en la experiencia y expertise del personal, pero sin tramitación formal.”
Página web desactualizada — la estructura publicada tiene 8 años
Cuando la AGN revisó el sitio web de la Facultad encontró que la estructura organizativa publicada corresponde a la Resolución D N° 17688/16 — es decir, de 2016 — sin que aparezca la nueva estructura aprobada en 2024.
El presupuesto de gastos y recursos más reciente publicado en la web es el del ejercicio 2023. El de 2024 — el período auditado — no estaba disponible al momento de la auditoría.
Estados Contables sin aprobación del Consejo Superior
La AGN señaló que al momento del informe los Estados Contables auditados no habían sido aprobados por el Consejo Superior de la UBA. La propia Facultad reconoció el hecho indicando que el Rectorado aún no había informado la fecha de tratamiento.
Lo que la AGN no dijo
Es importante aclarar lo que el informe sí establece: la AGN emitió una opinión sin salvedades sobre los estados contables de la Facultad. Esto significa que, en términos generales, los consideró “razonablemente presentados”. Los problemas detectados son de gestión y control interno — no de fraude ni malversación de fondos.
En el informe la AGN también reconoció que la Facultad opera en un contexto complejo: alta inflación, reconducción presupuestaria, múltiples sistemas informáticos incompatibles entre sí y restricciones presupuestarias estructurales.
Lo que el informe sí pone en evidencia es que una institución pública que gestiona miles de millones de pesos y forma a 27.000 estudiantes tiene problemas serios de transparencia, planificación y control interno que la propia auditoría del Estado documentó con nombres, fechas y montos.
Quiénes firman este informe — y por qué importa saberlo
Vale aclarar quiénes conducen el organismo que realizó esta auditoría.
La AGN es conducida por Juan Manuel Olmos — abogado peronista que se desempeñó como vicejefe de Gabinete durante la presidencia de Alberto Fernández — y está integrada por siete auditores designados por el Congreso según la Ley 24.156.
La ley establece una distribución política precisa: tres auditores por Diputados — uno propuesto por el partido con mayor número de diputados, uno por la primera minoría y uno por la segunda — y tres por el Senado bajo el mismo criterio. El objetivo es garantizar pluralidad política en el organismo de control.
La composición actual quedó así: por Diputados, Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (kirchnerismo — amigo de la adolescencia de Máximo Kirchner, exdirector del Banco Nación durante el gobierno de Cristina Fernández) y Pamela Calletti (vinculada al gobernador salteño Gustavo Sáenz). Por el Senado, Mariano Piazza (LLA — propuesto a instancias de Martín Menem), Javier Fernández (peronismo — mencionado en la causa de los Cuadernos, auditor desde hace más de 20 años) y Luis Naidenoff (UCR — expresidente del bloque radical en el Senado).
El camino para llegar a esta integración no fue sencillo. La AGN estuvo paralizada durante dos años por falta de acuerdo entre bloques. Los auditores de Diputados prestaron juramento el 22 de diciembre de 2025 en una sesión extraordinaria que el PRO impugnó judicialmente — argumentando que la designación de auditores no figuraba en el temario convocado por el Poder Ejecutivo. El bloque del PRO se retiró del recinto denunciando un “pacto de impunidad” entre LLA y el kirchnerismo. Los auditores del Senado juraron semanas después.
Esta aclaración no invalida los hallazgos del informe — los auditores identificaron problemas reales con documentos reales. Pero es información relevante para que el lector evalúe el contexto institucional en el que se produce esta auditoría sobre una facultad de la UBA ( universidad históricamente vinculada al kirchnerismo)— firmada por un organismo que acaba de salir de dos años de parálisis y cuya presidencia está en manos del peronismo.
La AGN no es neutral por naturaleza. Y esa distinción importa.
Algunas imágenes del documento:
Creadora de PotusAmarillo.com · Paleolibertaria · Ultra fundamentalista de datos serios · Emprendedora · CABA, Argentina.
Un diario libre de pauta, colaborativo y ad honorem. Sin gobierno, sin corporaciones, sin pauta oficial.
🌱 Si este contenido te aportó valor, podés apoyar el proyecto con una donación voluntaria: matecito.co/potusamarillo
Este sitio utiliza Grok para revisión de ortografía, gramática y estilo.
