Hay madres en Argentina que vieron a sus hijos descompensarse, volverse peligrosos para sí mismos o para otros, y no pudieron hacer nada. Fueron al sistema de salud, pidieron una internación, y les dijeron que no, porque la ley no lo permitía. La ley exigía que el paciente representara un “riesgo cierto e inminente” para poder internarlo. Y ese estándar, en la práctica, era tan difícil de acreditar que dejó a miles de familias desesperadas sin respuesta.
Esa ley es la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010 durante el kirchnerismo. El Gobierno de Javier Milei presentó esta semana un proyecto para modificarla.
Qué dijo la funcionaria que llevó el proyecto
El 23 de abril, durante el XXXIX Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental realizado en Mar del Plata, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud, Liliana González, presentó el proyecto ante la comunidad científica y profesional.
Sus palabras no dejaron lugar a dudas: “La ley, así como está formulada, no funciona adecuadamente sobre todo para el abordaje de los trastornos severos. Se necesita un cambio para poder acceder al tratamiento adecuado y oportuno y evitar homicidios, suicidios y agresiones severas por no tener el acceso debido a los tratamientos.”
Una funcionaria del Estado argentino dijo abiertamente que la ley vigente generó homicidios y suicidios evitables. Y que las familias que intentaron pedir ayuda no la encontraron.
“Hemos escuchado a familiares, madres desesperadas que no lograban un tratamiento para sus hijos, organizaciones de la sociedad civil, profesionales, jefes de servicio y también a las 24 jurisdicciones”, agregó González.
Qué cambia el proyecto
El concepto de riesgo. La ley vigente exige acreditar un “riesgo cierto e inminente” para poder internar a una persona. Es decir, en el momento exacto de la evaluación, el paciente tiene que estar en situación de peligro observable y verificable. Si no lo está en ese preciso instante, no hay internación posible aunque su historial clínico indique que el riesgo es real.
El proyecto reemplaza ese concepto por uno situacional — que tiene en cuenta lo que ocurrió antes y lo que podría ocurrir si no se accede al tratamiento adecuado. Como explicó González: “No vamos a contemplar la foto del momento como se hacía en el riesgo cierto e inminente.” Esto le da a los profesionales de la salud herramientas reales para intervenir antes de que el daño ocurra.
La red asistencial. La ley vigente prácticamente eliminó los hospitales especializados en salud mental de la red asistencial. El proyecto los reincorpora junto a los hospitales generales e instituciones especializadas, para dar respuesta concreta a la falta de camas que hoy representa uno de los problemas más graves del sistema.
La responsabilidad familiar. El proyecto establece una obligación legal para que los familiares se hagan cargo de los pacientes externados, cerrando el vacío actual donde los pacientes son dados de alta sin una red de contención garantizada.
El control judicial post-alta. Se incorpora un período de control judicial de 6 meses después del alta para mejorar la adherencia al tratamiento, uno de los puntos más críticos en el abordaje de los trastornos severos.
La evaluación antes del alta voluntaria. Los pacientes internados de manera voluntaria deberán ser evaluados por un grupo interdisciplinario antes de recibir el alta, una garantía adicional para evitar externaciones prematuras.
El proceso de construcción
El proyecto no surgió de un escritorio. González explicó que para su elaboración se escuchó a familiares, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud, jefes de servicio y a las 24 jurisdicciones del país.
Esta semana el Ministerio de Salud también inició una serie de encuentros con equipos técnicos provinciales. En una primera ronda se reunió con referentes de Mendoza, Misiones y Neuquén. Se prevén nuevos encuentros con el resto de las provincias.
Por qué importa
La Ley 26.657 fue presentada en su momento como un avance en derechos humanos, basada en el principio de que la internación psiquiátrica era una forma de estigmatización y que los pacientes debían ser tratados en la comunidad. El principio era correcto. El problema fue la aplicación: al cerrar la puerta de las internaciones salvo en casos extremos, la ley dejó sin herramientas a los profesionales y sin respuesta a las familias de quienes padecen trastornos severos.
El resultado, en palabras de la propia funcionaria del Ministerio de Salud: homicidios, suicidios y agresiones evitables.
Cambiar eso no es un retroceso en derechos, es reconocer que una ley que no funciona hace daño real a personas reales.
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