Hay gestos del poder que parecen alivio, pero son otra cosa.
Desde lejos parecen justicia.
Desde cerca, con un poco de silencio y el Bastón de la Revelación apoyado sobre la mesa, muestran su verdadera forma: no una reducción del peso del Estado, sino una administración selectiva del favor.
Eso fue lo que ocurrió cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció con entusiasmo que eliminó el impuesto de Ingresos Brutos para trabajadores independientes de la Ciudad de Buenos Aires.
En X escribió: “Eliminamos Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales.”
El tuit fue celebrado.
Y como casi siempre ocurre cuando el poder reparte pequeñas dispensas, los ecos llegaron rápido: los medios repitieron, los tributaristas aplaudieron, y muchos respiraron aliviados sin detenerse a mirar la letra chica.
Pero el poder sabe algo que demasiados olvidan:
una cosa es bajar impuestos y otra muy distinta es elegir a quién se los bajás.
La primera reduce al Estado.
La segunda lo vuelve patrón.
Lo que efectivamente ocurrió fue esto: la Resolución N° 28/AGIP/2026, publicada el 20 de enero de 2026, reglamentó el artículo 180 bis del Código Fiscal de CABA, incorporado por la Ley N° 6.926 aprobada por la Legislatura porteña, estableciendo que los contribuyentes del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos cuya actividad principal sea la prestación de servicios quedan bonificados de oficio, siempre que no registren deudas.
Las categorías A, B y C reciben una bonificación del 100%: dejan de pagar.
Las categorías D a H reciben una bonificación del 75%.
En total, unas 35.000 personas dejaron de pagar el impuesto y otras 12.000 lo pagan un 75% menos.
Bien. Ahora dejemos que la niebla se corra.
El electricista inscripto en categoría C deja de pagar Ingresos Brutos desde hoy.
El electricista inscripto en categoría D, que factura apenas un poco más, sigue pagando, aunque con un 75% de descuento.
Ambos son trabajadores independientes.
Ambos prestan exactamente el mismo servicio.
Ambos se levantan, trabajan, facturan y cargan con el mismo país sobre los hombros.
La diferencia no está en el oficio.
No está en el mérito.
No está en la moralidad del trabajo.
La diferencia está en una categoría administrativa.
Y entonces emerge la pregunta que los aplausos intentan tapar:
¿quién decidió que uno merece dejar de pagar y el otro no?
No fue la ley natural.
No fue la igualdad republicana.
No fue un principio universal.
Fue un político.
Y todavía hay más.
El trabajador independiente que presta servicios bajo el Régimen General de Ingresos Brutos, porque factura más que los topes del Régimen Simplificado, no recibe absolutamente nada.
Paga la alícuota completa.
Hace el mismo tipo de trabajo.
Se gana la vida del mismo modo.
Pero quedó fuera del círculo de los alcanzados por la gracia fiscal.
¿Por qué?
Porque esta política no fue concebida para corregir una distorsión de fondo.
No fue diseñada para desarmar un mal impuesto.
Fue diseñada para producir una escena. Una imagen. Una señal emotiva.
En tiempos de política liviana, incluso una exención puede convertirse en contenido.
El arte de fabricar agradecidos
No es la primera vez que el PRO ensaya este mecanismo en la Ciudad.
Hace un tiempo, el mismo gobierno porteño eximió del ABL a bares, restaurantes, heladerías y hoteles.
Y otra vez la arbitrariedad apareció con sonrisa institucional.
¿Por qué una heladería y no una ferretería?
¿Por qué un restaurante y no un kiosco?
Si hubo fotos del alcalde cenando en restaurantes esa semana, lo que no hubo fue una explicación técnica consistente.
Porque no la hay.
La respuesta siempre termina siendo política: algunos rubros lucen mejor, algunos sectores son más visibles, algunos grupos generan mejor clima, mejor narrativa, mejor rendimiento electoral.
El procedimiento es antiguo y eficaz.
Primero el Estado cobra mucho a todos.
Después perdona selectivamente a algunos.
Y esos algunos, en lugar de quedar libres, quedan marcados por la lógica del favor.
El beneficio selectivo no emancipa.
domestica.
El contribuyente deja de ser sujeto de derecho y pasa a ser beneficiario circunstancial.
Ya no se relaciona con una norma general, sino con la voluntad del dispensador.
Y cuando eso ocurre, lo que nace no es libertad.
Es clientela.
El privilegio con modales republicanos
Muchos creen que el clientelismo solo existe cuando viene envuelto en épica popular, subsidio explícito y liturgia peronista.
Error.
El clientelismo no depende del tono del locutor.
Depende de la estructura del vínculo.
El kirchnerismo llevó esa estructura a su versión más obscena: aumentos de jubilaciones que favorecían a quienes menos habían aportado —incluso a nuevos jubilados que jamás habían cumplido con sus aportes— por encima de quienes habían aportado toda su vida; asignaciones, planes y subsidios orientados no necesariamente a quienes más los necesitaban, sino a quienes más convenía tener conformes antes de cada elección.
El clientelismo kirchnerista se disfrazó de justicia social.
El clientelismo del PRO se disfraza de alivio fiscal y sensibilidad con el pequeño contribuyente.
La ropa cambia.
La lógica permanece intacta.
En ambos casos, el político se reserva la potestad de decidir quién merece alivio y quién merece carga.
Quién entra en la foto y quién sigue esperando.
Quién recibe el gesto y quién financia el gesto ajeno.
Eso no es reducir el Estado.
Es volverlo todavía más íntimo, más capilar, más presente.
No como ley general, sino como administrador de excepciones.
El gasto no medita
Mientras tanto, basta abrir el Boletín Oficial de la Ciudad para ver lo que el relato del alivio fiscal no muestra: la AGIP licita por USD 471.075 para un software que controla quién accede a los datos fiscales de todos los porteños, y el mismo gobierno que hoy celebra la exención de Ingresos Brutos también compró cotillón de conejos inflables y payasos con dinero público.
He ahí una de las grandes artes del poder argentino:
te devuelve con una mano una parte ínfima de lo que te quita con la otra, y espera gratitud por el gesto.
Te alivian en una línea de la resolución.
Te cargan en cien renglones invisibles del presupuesto.
Pero la foto suele estar donde reparten, no donde despilfarran.
El principio que se rompe
El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. No hay fueros personales ni títulos de nobleza. Ese principio no es decorativo: es una de las piedras sobre las que debería descansar cualquier república que merezca ese nombre.
Cuando un gobierno decide que el electricista de categoría C no paga Ingresos Brutos y el de categoría D sí paga —aunque sea el 25%—, hace algo más que diseñar una bonificación.
Se arroga el poder de tratar de manera desigual a personas que, ante la ley, deberían ser tratadas con el mismo criterio.
No importa cuán amable sea la comunicación oficial.
No importa si los tributaristas sonríen.
No importa si los medios lo venden como alivio.
Donde la ley general se sustituye por el beneficio selectivo, la igualdad empieza a resquebrajarse.
Y cuando la igualdad se vuelve optativa, la república entra en zona de sombras.
Lo que habría que hacer
La respuesta correcta no es emocionarse porque 35.000 personas dejaron de pagar Ingresos Brutos.
La respuesta correcta es preguntarse por qué los otros 100.000 trabajadores independientes que prestan exactamente los mismos servicios todavía lo pagan.
Y esa pregunta conduce, inevitablemente, a la única salida compatible con la igualdad ante la ley:
bajar los impuestos para todos, de manera pareja y transparente, sin que ningún funcionario tenga la facultad de elegir ganadores y perdedores.
Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo.
Grava la facturación y no la ganancia.
Produce cascada impositiva.
Castiga especialmente a los eslabones más débiles de la cadena productiva.
Si es un mal impuesto, la solución no puede ser convertirlo en herramienta de marketing segmentado.
La solución es eliminarlo para todos o reducirlo para todos.
No para los más simpáticos.
No para los más visibles.
No para los que dan mejor en cámara.
No para los que entran mejor en el storytelling del día.
Porque mientras la política siga utilizando las exenciones impositivas como moneda de cambio electoral, los contribuyentes no seremos ciudadanos libres ejerciendo derechos iguales ante la ley.
Seremos clientes administrados, agradecidos a plazo, renovando cada cuatro años un contrato de dependencia emocional y fiscal.
Y el Bastón de la Revelación, cuando toca esta escena, no encuentra novedad alguna.
Solo reconoce un patrón viejo con maquillaje nuevo: cuando el poder decide a quién aliviar y a quién seguir exprimiendo, no está achicando el Estado; está perfeccionando el privilegio.
El Sensei es un monje errante de espíritu liberal que observa la Argentina desde la distancia de la montaña y la crudeza de la realidad. Porta el Bastón de la Revelación, una antigua reliquia asociada a la potestad de despertar conciencias, disipar el velo del relato y exponer aquello que el poder prefiere mantener oculto.
No busca seguidores, sino hombres despiertos. No ofrece consuelo, sino claridad.
Con humor seco, mística austera y memoria fiscal, escribe reflexiones sobre política, economía y sociedad argentina como quien deja advertencias en piedra antes de que vuelva a sonar la vieja maquinaria del autoengaño.
