“Si tanto se habla de lesa humanidad en Argentina, ¿hay alguien cumpliendo hoy, en 2023, condena por eso?” esa pregunta fue la que me hice.
Acá te comparto lo que encontré sobre el estado del proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina. En negrita resalté partes que me llamaron la atención.
Los datos son de elaboración propia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a partir de la sistematización, procesamiento y análisis de la información brindada por las fiscalías y Unidades Fiscales especializadas de todo el país. El informe está actualizado al 6 de diciembre de 2023, y se refiere exclusivamente a causas penales en las que se registre, al menos, una persona requerida para su investigación por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El análisis de los datos del año 2023 indica que el tiempo de tramitación de las causas en la etapa de instrucción y de juicio se mantiene estable, mientras que, en la instancia recursiva contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país, se registra una demora mayor que el año anterior.
Por otra parte, con relación a las personas juzgadas en estos procesos, se observa que continúa la tendencia de disminución del número de quienes están detenidos/as, consolidándose el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante desde el año 2016
DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO SOBRE EL PROCESO DE JUZGAMIENTO A NIVEL NACIONAL.
Al 6 de diciembre de 2023 se registran un total de 685 causas en trámite, en las que se han investigado, o lo fueron hasta su fallecimiento, 3744 personas
Desde el 2006 a la fecha, se han dictado 316 sentencias en todo el país. Un 54% de ellas (171)
posee aún alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas que tuvo sentencia
(ante la Cámara Federal de Casación Penal -CFCP– o la Corte Suprema de Justicia –CSJN-).
A diciembre de 2023, el promedio general de tiempo de tramitación de las causas que ya se encuentran firmes, desde la presentación del requerimiento de elevación a juicio hasta la confirmación definitiva por parte de la CSJN es de 5 años y 9 meses.
Con respecto al año 2022, vemos que ha ascendido 6 meses el promedio de tramitación.
A continuación, se presentan los datos para las personas imputadas.
Hasta el cierre de este informe fueron 3744 las personas que han sido requeridas por el MPF para su investigación, al menos una vez, en el marco del proceso de juzgamiento, según su máxima situación procesal alcanzada y un tercio recibieron sentencia 1357 (1173 condenadas y 184 absueltas).
En 2023 obtuvieron sentencia 72 personas (56 condenadas y 16 absueltas). Esta cantidad de personas con sentencia evidencia un aumento respecto de los datos registrados en diciembre de 2022 (65). Asimismo, si comparamos la cantidad de condenados durante el 2022 (58), respecto del 2023 (56), vemos un leve descenso, mientras que la cantidad de absueltos muestra un aumento, registrando 7 en el 2022 y 16 en el 2023.
Por otra parte, continúa siendo significativo el número de personas que atraviesa el proceso de juzgamiento2 y aún no han obtenido sentencia (50%). De ellas, 394 se encuentran procesadas, 146 con falta de mérito y 94 sobreseídas. Asimismo, surge que hay 510 personas que tienen pedido de indagatoria sin que ésta se haya desarrollado, y 92 personas imputadas que ya fueron indagadas sin que se haya resuelto su situación procesal.
Del universo de personas cuya máxima situación procesal alcanzada es el procesamiento (394), 121 (31%) están actualmente en juicio por primera vez, mientras que 141 (36%) ya fueron elevadas a juicio. Por otra parte, 23 (6%) tienen requerimiento de elevación a juicio y 64 (16%) se encuentran con resolución de primera instancia o confirmación. Las restantes 45 (11%) personas procesadas se encuentran apartadas del proceso de juzgamiento por incapacidad sobreviniente (art. 77 CPPN).
Respecto del total de personas investigadas por estos delitos, a continuación, se detalla el estado actual de aquellos aspectos vinculados a su privación de libertad.
El siguiente gráfico resume el universo de imputados/as según su condición.
Del universo total de personas bajo investigación, 1485 (40%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 674 (18%) están detenidas. Como categorías residuales, se presenta un total de 36 prófugos y 1549 fallecidos/as. De éstos, 1151 murieron antes de obtener sentencia y 398 luego del dictado de su condena o absolución.
Del total de personas que permanecen prófugas de la justicia (36), a 10 se les ha negado la extradición, 1 se encuentra en proceso de extradición; 5 están localizadas pero aún no extraditadas, y 20 de las cuales no se conoce su paradero.
Dentro del universo total de detenidos/as, es posible analizar las variaciones que se produjeron durante este año respecto a la modalidad de detención.
Del total de las personas detenidas, la modalidad de arresto domiciliario sigue siendo la que predomina, representando el 77% del total. El 14% se encuentra detenido/a en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o Provincial.
El gráfico distingue además la categoría “Otras” (9%), que incluye la detención en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad. En esta categoría, el 97% (59) de las personas detenidas corresponden a aquellas alojadas en la Unidad Penal que funciona en el predio de Campo de Mayo, mostrando un aumento respecto al registro obtenido en el 2022 – 88% (53)-. Esta distinción se realiza en virtud de que las características de esta dependencia y el rol del Ejército en su administración impiden homologarla con el resto de las unidades penitenciarias del país.
Tal como mencionamos anteriormente, si bien ha disminuido la cantidad de personas detenidas por causas por delitos de lesa humanidad, el arresto domiciliario se mantiene desde el año 2016 como la modalidad de detención predominante. La categoría “Otras” registró un leve ascenso, aunque viene descendiendo desde el año 2021; mientras que la cantidad de personas detenidas en el Servicio Penitenciario, tanto Federal como Provincial, consolida la tendencia a la baja desde el año 2015.
De acuerdo con la información específicamente remitida sobre este punto, de la totalidad de personas que cumplen su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, el 39% cuenta con un dispositivo electrónico como mecanismo de control de dicha medida, que permite conocer la ubicación de la persona, y brinda reportes en caso de egresos no autorizados. En este caso se registra un ascenso respecto al año anterior (30%).
A continuación, los datos referidos al proceso de juzgamiento de delitos sexuales cometidos en el marco del Terrorismo de Estado.
Desde que el Ministerio Público Fiscal impulsa la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado, como delitos autónomos -buscando visibilizarlos y establecer responsabilidades-, se ha registrado una constante en la cantidad de sentencias que, año a año, juzgan dichos delitos, quedando demostrado que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado.
Si observamos la cantidad de sentencia dictadas por delitos sexuales en el marco del Terrorismo de Estado durante el año 2023, se observa un leve descenso.
Sin embargo, se mantiene el porcentaje (16%) de las sentencias dictadas que abordan estos delitos de manera autónoma respecto de las sentencias de lesa humanidad en general.
De las 51 sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad que contemplan delitos por violencia sexual, se dictaron condenas por hechos en los que fueron damnificadas 238 víctimas, siendo 201 mujeres y 37 varones.
En cuanto al total de las personas condenadas, el 12% lo fue por estos delitos. Hasta el momento, 191 personas obtuvieron sentencia por delitos de violencia sexual, de las cuales 160 resultaron condenadas y 31 absueltas.
Desde la perspectiva de las personas sentenciadas, el gráfico 12 resume el estatus de la sentencia, con independencia de su firmeza, para las 1173 personas condenadas y las 184 absueltas.
El gráfico muestra el nivel de confirmación de las sentencias respecto de las causas con mayor nivel de avance que registramos para cada persona condenada o absuelta, más allá de que hayan obtenido sentencia en más de una causa. Son 387 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 40 las absueltas. Representan respectivamente 33% y 22% del total de personas con sentencia en cada caso.
Los datos muestran que aún resta avanzar en la confirmación de sentencias de la mayor parte de personas condenadas y absueltas. Asimismo, se observa que, del universo de condenados, 270 (23%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme, y 26 (14%) en el caso de los absueltos.
REFLEXIONES FINALES.
Este 2023 se cumplen 17 años desde la primera sentencia en causas de lesa humanidad luego de la reapertura de las investigaciones judiciales que fueron interrumpidas por las leyes de impunidad y los indultos, y 47 años desde el inicio del contexto represivo en el que se cometieron los crímenes. En ese marco, surgen las siguientes reflexiones:
- Constancias de las causas en instrucción y juicio.
En la instrucción, el universo total de las causas ha mostrado un leve descenso representando un 42% del total de las causas en trámite, manteniendo el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura (4 meses), y registrando -por segundo año consecutivo- un porcentaje menor a la etapa de Sentencias (46%). Asimismo, de las 289 causas en etapa de instrucción, 18 (6%) se encuentran con requerimiento de elevación a juicio, marcando un descenso respecto al porcentaje registrado en el 2022 (10%).
También se observa que, si bien hubo un ascenso considerable en la cantidad de juicios iniciados durante el 2023 – 26 hasta el cierre de este informe-, respecto del año 2022 (18), se registró un leve descenso en la cantidad de causas que obtuvieron sentencia (21), y se mantiene estable la cantidad de causas que son elevadas a juicio (62). Asimismo, disminuyó el porcentaje de causas con elevación a juicio que ya tienen fecha de inicio del debate para finales de este año y el año próximo, registrando este año un 5% y 9% en el 2022.
Si analizamos la condición de las personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad, observamos que descienden las cantidades de personas tanto detenidas como libres, aumentando la cantidad de fallecidos/as.
Asimismo, de las personas que atraviesan el proceso de juzgamiento detenidas, el 77% se encuentra bajo arresto domiciliario, lo cual morigera la privación de libertad, consolidándose desde el año 2016 como la modalidad de arresto predominante. - La persistencia de las demoras en las instancias recursivas.
El promedio de tiempo entre el dictado de la sentencia TOF y el último fallo de la CSJN ha aumentado 9 meses respecto del 2022, registrando un promedio de 3 años y 9 meses.
También, al analizar los promedios de tiempo que insumen los envíos realizados por la CFCP sobre sentencia definitiva, observamos que aquellas causas que aún continúan en trámite y fueron reenviadas al tribunal de origen –por al menos uno de los imputados involucrados-, llevan desde el dictado de los fundamentos al día de hoy 7 años y 5 meses sin obtener firmeza, aumentando 5 meses en relación al promedio de tiempo registrado en el año 2021. Este dato adquiere más relevancia si se tiene en cuenta que el promedio de tiempo de aquellas causas que hoy se encuentran firmes, y no tuvieron reenvío por la CFCP, es de 4 años y 1 mes.
Asimismo, de 144 sentencias dictadas por la CFCP sobre sentencias definitivas, 62 de ellas se enviaron al tribunal de origen, representando el 30%, marcando un importante descenso respecto del año anterior (43%), y evidenciando una tendencia desde el 2021 en el que se registró un 53%. A su vez, en relación con las personas sentenciadas, el 33% de los/as condenados/as y el 22% de los/as absueltos/as tienen sentencia firme, lo cual indica que continúan las demoras en las instancias recursivas. Asimismo, dentro del universo exclusivo de condenados, el 23% falleció previo a que se confirmara su condena.
Si bien es notable la disminución en la cantidad de reenvíos al tribunal de origen por parte de la CFCP sobre las sentencias definitivas, vemos que el concepto de “espiral recursivo”, tanto por los reenvíos, como con la forma de resolución de aplicación del criterio de “Duarte” por parte de la CSJN, continúan activos, y que varios de los fallos en los cuales se aplicó este antecedente aún no se han resuelto, por lo que la vía recursiva aún no finaliza.
Estos datos ilustran la situación actual y las dificultades que se enfrentan en el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad en nuestro país.
Leyendo esta información, viendo la dilatación de la justicia, el deseo de venganza que se filtra entre las líneas, ¿Qué otra justicia tenemos en la Argentina, que no sea la Divina? ¿Se puede hablar de lesa humanidad entre tanta ilesa inhumanidad?
Los plazos de nuestra Justicia son un claro conjunto de Signos y Síntomas de nuestra Injusticia. Los crímenes se deben condenar siempre. Alguien o más debería ser juzgado y eventualmente condenado por detener injustamente a un inocente, con el agravante se que esto sea por buena parte de su vida. Donde están los mismos juicios del otro Ejército de esa guerra, “sucia” como todas las guerras. Sólo originadas por dos BANDAS con un objetivo comun: Tomar el Poder a cualquier costo. Incluyo en el termino Bandas a un minúsculo sector de las FFAA que circunstancialmente tenían el poder (triángulo hacia abajo-arriba)