Había un dicho que decía “Miente, miente y algo quedará”. Un dicho que aborrezco por desde mi punto de vista parecía que no se puede hacer nada contra la mentira. No creo que sea así.
Nuestra constitución dice que en nuestra nación todos sus habitantes son iguales ante la ley y gozan de protección contra toda discriminación. Pese a eso en 1995 crearon el INADI “Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
Cuando algo se “interviene” significa se toma esa área del estado para “analizarla”. Analizarla para ver qué está pasando, qué funciona mal y qué funciona bien; para mejorar lo que haya que mejorar y tomar una acción (o varias) en consecuencia.
El INADI en el 2011 fue intervenido supuestamente por 180 días para normalizar su funcionamiento. Esa intervención fue prorrogada, y prorrogada, y prorrogada, sucesivamente durante 12 años.
El análisis no fue pateado para más adelante por un solo partido político sino por varios lo que, ya del vamos, te demuestra el nivel de tongos que implicaba.
Pero llegó Milei y dijo “no hay plata, hay que ordenar las cuentas, transparentar los gastos y lograr que el dinero vaya a donde de verdad se necesita” por eso, las nuevas autoridades del INADI realizaron un relevamiento y encontraron lo que era de esperarse:
-graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos;
-sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional;
Pero, además:
-retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e
ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia.
Pero ahí no termina la cosa.
NO registraron ni sus actividades ni ninguno de los pagos de sueldos previo a diciembre 2023 y tampoco, registraron procedimientos para tareas de control o supervisión de las personas que ahí trabajaban.
Los contratos de alquiler por los inmuebles que ocupaban, como los impuestos de esos inmuebles eran pagados tarde o no pagados correctamente, lo que implicaba para el estado nacional (todos nosotros) tener que pagar intereses periódicos con dinero del Tesoro Nacional.
El INADI contaba con 431 trabajadores activos distribuidos en 44 sedes en todo el país, sin control de qué hacían.
Para darnos idea, solo en el mes de marzo de 2024 pagamos $315.644.195,87, monto que equivale aproximadamente a DOS MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE (2347) jubilaciones mínimas.
Debería medir este número en platos de comida para que dimensionemos no solo el gasto sino el daño que implica.
Repito, se les pagó sueldo a personas sin que se supiera qué hacían y si lo hacían bien o mal porque nadie los controlaba.
Lo peor de todo no es solo el gasto y dinero tirado, es que 7780 casos generados desde el 2016 estaban sin resolver y las campañas (por las cuales también pagamos) no tenían documentación de respaldo que las justifiquen.
¿Quéres más motivos?
En el 2001 la Argentina y la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos firmaron el memorándum de entendimiento para los derechos humanos. 20 años después el INADI no ha elaborado aún “El plan Nacional contra la Discriminación”
Durante el 2023 se le dio un presupuesto de $1.150.770.524 y se le aumentó durante el 2023 en varias ocasiones.
Como sabemos la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742 se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año y se le delegó al presidente la facultad de mejorar el funcionamiento del estado, reducir el sobredimensionamiento de la estructura que genera gasto y equilibrar las cuentas.
Teniendo en cuenta el fracaso del instituto, las irregularidades en la gestión, y que no cumplía con la función para la cual fue creada, el presidente y su equipo decidieron disolver el organismo.
La totalidad de los recursos materiales y financiero del instituto pasan al Ministerio de Justicia.
A las personas se las reubicará, y si bien nadie lo dice porque es mejor decir “me echaron”, la ley Ley Nº 25.164 y sus modificatorias, obliga al estado a reubicar a esas personas y si no se hace pasado un tiempo, se les pagan las indemnizaciones que corresponden.
Lo que hagan las personas para capacitarse antes de que los echen y en qué inviertan el dinero de sus indemnizaciones, no es algo que tenga que solucionar el Estado, dicho sea de paso.
Ah! y no es que nadie se encargará de temas de discriminación, existe el Ministerio de Justicia para eso.
Para solucionar un problema hay que analizarlo, ver dónde está la falla y reparar lo que haya que reparar. No patear el tema para adelante y postergarlo como hicieron TODOS los gobiernos anteriores.
Esconder la mierda debajo de la alfombra y vender espejitos de colores al pueblo, NO es para lo que voté a @JMilei
No se cierra el INADI solo por ser un organismo de chantaje socialista a donde meter votos asegurados.
Se cierra porque ni siquiera ayudó a las personas que debería haber ayudado.
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